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Más sobre la reglamentación del expediente electrónico
 
 

Más sobre la reglamentación del expediente electrónico

Citar www.colaboradorjudicial.com.ar Nº 15_2_72

Sin efectuar modificación alguna al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la Ley 26.685 autorizó la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

Diferente fue la solución adoptada mediante la Ley 14.142 que sustituyó e incorporó artículos al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y a la Ley 11.653.

Según el art. 99 inc. 2) de la Constitución Nacional el Presidente de la Nación expide los “…reglamentos… para la ejecución de las leyes de la Nación,…”.

En tal sentido, el art. 2 de la Ley 26.685 dispone que “La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación”.

La cuestión tiene gravedad institucional pues rebasó los límites del principio de división de poderes.

El Poder Legislativo Nacional sujetó a su libre voluntad la transferencia  al Judicial de una facultad propia del Ejecutivo consagrando la regla “hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas” (Lo deseo; lo ordeno; que mi voluntad sirva de razón).

El Estado delega en la judicatura la función de actuar  la voluntad de la ley.  Es deber del juez fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia Código Procesal Civil y Comercial de la Nación art. 34 inc. 4).

Los jueces carecen de la facultad de apartarse de los límites fijados por la ley invadiendo la esfera constitucional de atribuciones del legislador (Etcheverry de Rossi, María A. C/ Municipalidad de la Capital S/ Expropiación Inversa).

Según el art. 499 del derogado Código Civil, y nota del codificador, no hay más fuentes de obligaciones que la voluntad humana -contratos y cuasi contratos-, la acción ilícita -delitos y cuasi delitos- y la ley; en parte alguna deja sospechar que la sentencia puede ser una sexta fuente (Mezzano, Teresa, del voto del Dr. Alfredo Colmo).

De los Considerandos de la Acordada 31/2011 resulta el propósito de reglamentar e implementar el uso de herramientas de gestión con aplicación de tecnología informática.

Que desde el punto de vista técnico, la reglamentación tiene como objetivo fundamental dotar de seguridad al nuevo sistema, a fin de establecer los aspectos instrumentales de su aplicación;…” (sic énfasis añadido).

En ejercicio de esa facultad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación procedió reglamentar el uso del domicilio constituido electrónico, y su implantación de conformidad con lo dispuesto por el art. 135 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con excepción de aquellas notificaciones que por su naturaleza deban diligenciarse en el domicilio real y la notificación de los traslados de demanda, reconvención y citación de personas extrañas al juicio.

De tal manera toda persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o convencional deberá constituir domicilio electrónico, para las causas judiciales que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no se cumpliere con lo establecido precedentemente, será de aplicación lo dispuesto en el art. 41, 1er. párrafo del Código Procesal citado.

Así “Todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias que deban practicarse personalmente o por cédula se realizarán en el código de usuario que el beneficiario deberá haber constituido como domicilio electrónico. La notificación se considerará perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta de destino; los plazos se computarán según la normativa procesal que corresponda. A fin de establecer el comienzo del plazo de la notificación, su fecha y hora será la del servidor y quedará registrada en la transacción. En los casos en que se registre más de un letrado por parte, se considerarán notificados todos en el código de usuario del que se instituya como principal”.

Por su parte al punto VII de la Acordada 11/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera “Que de las presentaciones que se realicen en el marco de los procesos judiciales deberán adjuntarse copias en formato digital. Ello sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos procesales pertinentes”.

Por tal razón impuso la obligación de “…adjuntar copias digitales de sus presentaciones en el marco de los procesos judiciales”.

En este orden de ideas constituye un escándalo jurídico que, en ejercicio del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia (art. 108 de la Constitución Nacional) actúe la voluntad de su propia ley.

Tal lo resuelto en autos Bravo Ruiz, Paulo César C/ Martoq, Sebastián Marcelo y Otros S/ Daños y Perjuicios (Acc. Trán. C/ Les. o Muerte) en donde el actor omitió acompañar copias digitalizadas y acompañando únicamente las copias impresas que exige el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial.

Como se podrá advertir, en idéntico sentido aplicó su propia ley en los autos Cruz, Felipa y Otros C/ Minera Alumbrera Limited y Otro S/ Recusación. 1

Buenos Aires, 7 de Junio 2016.

Autos y Vistos; Considerando:

1. Que a fs. 34/35, la representación letrada de la actora solicita que se declare la nulidad de la notificación de la sentencia dictada a fs. 33.

2. Que el mencionado pronunciamiento del Tribunal fue notificado a la parte mediante el envío de cédula electrónica al abogado P. A. C. (fs. 168 vta. de la causa CSJ 301/2013 (49-C)/CS1), sin que exista controversia alguna sobre la efectividad de tal comunicación.

3. Que el único fundamento que se expresa para argumentar la nulidad de la notificación, es que esta Corte habría soslayado las disposiciones de la Acordada 35/2015, que postergó -por última vez- y hasta el primer día hábil de mayo de 2016, la implementación de las cláusulas previstas por la Acordada 3/2015.

4. Que este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha declarado que no cabe acción, incidente, ni recurso de nulidad contra sus decisiones, excepto en el caso de situaciones serias e inequívocas que demuestren con claridad manifiesta el error que se pretende subsanar (Fallos: 297: 543; 302: 1319; 323: 3590; 325:1603 y 327:5513, entre muchos otros).

5. Que, en función de lo anterior expuesto, en el caso, no se configura ningún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina.

6. Que cabe señalar que, en virtud de lo dispuesto en la Acordada 3/2015, el sistema de notificaciones por medios electrónicos -reglamentado por la Acordada 31/2011- es de plena aplicación para los recursos de queja deducidos por denegación del recurso extraordinario resueltos por tribunales del Poder Judicial de la Nación con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa previsión, fue extendida posteriormente -mediante la Acordada 29/2012- a los recursos de queja resueltos por idénticos tribunales, pero con asiento en las provincias.

7. Que, por lo demás, la Acordada 3/2015 citada por la parte como fundamento de su planteo de nulidad, en modo alguno enerva el sistema de notificaciones por medios electrónicos aplicable a supuestos como el del sub lite, sino antes bien, refiere a un supuesto distinto, ya que en lo pertinente, dispuso la extensión de las notificaciones electrónicas "...a todas las causas en trámite en el Poder Judicial de la Nación..." (punto 10.; sin que ello modifique el alcance y vigencia del sistema de notificación de los recursos de queja tramitados ante esta Corte, según lo expresado en el considerando precedente.

Por ello, se rechaza el planteo que antecede. Notifíquese y cúmplase con lo ordenado a fs. 33.
Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda.



1 CSJN 168/2013 (49-C) /CS1 - CSJ 301/2013 (49-C)/CS1 07/06/2016.

 
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