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La Corte defiende la aplicación de su propia ley
 
 

La Corte defiende la aplicación de su propia ley

Citar www.colaboradorjudicial.com.ar Nº 15_2_73

Ha sido el Congreso de la Nación la autoridad que, mediante la sanción de la ley 26.685, autorizó la utilización de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; poniendo en manos del Maximo Tribunal las facultades para reglamentar la utilización de las nuevas herramientas y disponer su gradual implementación. Resulta clara la letra de la ley en cuanto autoriza la utilización de comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos "con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales", sin que la subsistencia del sistema anterior hubiera sido prevista por el legislador, cuyo silencio no puede ser interpretado como olvido o imprevisión. 1

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Erskis, Gerardo Alberto C/ Clínica Estrada SA y Otros S/ Daños y Perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux. 2

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la Asociación Médica de Almirante Brown en la causa Erskis, Gerardo Alberto C/ Clínica Estrada SA y Otros S/ Daños y Perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la presentación directa y se da por perdido el depósito. Notifiquese y archivese.

Voto del Señor Presidente Doctor Don Ricardo Luis Lorenzetti y la Señora Vicepresidenta Doctora Doña Elena I. Highton de Nolasco

Considerando:

1. Que en primer lugar, corresponde rechazar la solicitud de apartamiento de los jueces de la Corte para decidir el planteo de inconstitucionalidad de las Acordadas 31/11 y 38/13 si no se configura un adelanto de opinión ni los jueces han quedado comprendidos en ninguno de los enunciados descriptivos que contempla en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando la Corte ejerce la facultad que la Constitución y la ley le confieren para establecer normas generales de superintendencia (doctrina de la causa CSJ 578/2007 (43-0) "Defensoría Pública de Menores N° 4 C/ Molinari, Pedro Carlos y Otro S/ Recusación con Causa", sentencia del 1 de abril de 2008; Fallos: 331: 2561) .

2. Que el impugnante tacha de inconstitucionales las Acordadas indicadas, pues afirma que el Tribunal ha excedido las atribuciones reconocidas por la ley 26.685 que, según sostiene, solo autorizó la utilización de domicilios electrónicos con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes mas no su sustitución. Considera que la reglamentación del nuevo sistema le fue delegada en forma conjunta con el Consejo de la Magistratura y no en forma exclusiva.

3. Que la alegación de inconstitucionalidad de las Acordadas 31/11 y 38/13, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que la Corte Suprema ejerza la atribución que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia -esto es, la declaración de invalidez constitucional de una norma-, y acto de suma gravedad que debe considerarse como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 312:72; 322:842 y 328: 1416 y causa CSJ 578/2007 (43-D) "Defensoría Pública de Menores N° 4 C/ Molinari, Pedro Carlos y Otro S/ Recusación con Causa", sentencia del 1 de abril de 2008)

4. Que es apropiado recordar que desde la constitución de este Tribunal en 1863, durante todo su ulterior funcionamiento y hasta la más reciente legislación sancionada por el Congreso de la Nación, le han sido reconocidas a esta Corte las atribuciones necesarias para dictar disposiciones reglamentarias como las impugnadas (ley 48, art 18; ley 4055, art. 10; ley 25.488, art. 4, 2° párrafo; conf. Acordada 4/2007)

No ha sido la titular de este Poder Judicial sino el Congreso de la Nación la autoridad que -mediante la sanción de la ley 26.685- expresamente autorizó la utilización de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; poniendo en manos de este Tribunal -y del Consejo de la Magistratura- las facultades para reglamentar la utilización de las nuevas herramientas y disponer su gradual implementación.

Atribuciones que, precisamente, han sido puestas en ejercicio mediante las Acordadas que el peticionario intenta vanamente impugnar, al efectuar distinciones que la norma no efectúa.

5. Que, por lo demás, resulta clara la letra de la ley en cuanto autoriza la utilización de comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos "con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales", sin que la subsistencia del sistema anterior hubiera sido prevista por el legislador, cuyo silencio no puede ser interpretado como olvido o imprevisión (Fallos: 306:721; 307:518 y 327:5496).

6. Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta resentación directa, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad efectuado y se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 58. Notifiquese y archivese.

 

Recurso de queja interpuesto por la Asociación Médica de Almirante Brown, representada por el Dr. Víctor Augusto Reciniello.

Tribunal de origen: Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tribunal que intervino con anteErioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11.

 


1 Erskis, Gerardo Alberto C/ Clínica Estrada SA y Otros S/ Daños y Perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux.
2 CSJN CIV 738l5/20l0/l/RHl 27/12/2016.

 
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