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Enfoque pericial. Nulidad del dictamen pericial
 
 

Enfoque pericial. Nulidad del dictamen pericial

Citar www.colaboradorjudicial.com.ar Nº 15_2_51

Sumario: I. Pertinencia y admisibilidad de la prueba. - II. La prueba pericial es un acto jurídico procesal. - III. Ley aplicable. - IV. Procedimiento. - V. Nulidad de los actos procesales. - VI. Conclusión.  Ernesto Anapios LA LEY Doctrina Judicial Año XXIII Nº 52 Buenos Aires, 26 de diciembre de 2007 p.1244.

I. Pertinencia y admisibilidad de la prueba.

“No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.” 1

El principio de pertinencia impide analizar la prueba más allá de la articulación inicial, que determina la continencia de la causa. 2

El método de sustanciación adoptado por nuestro sistema legal exige una narración completa y detallada de todos los hechos y omisiones relevantes y, cuyo olvido impedirá que sean objeto de prueba y, asimismo, obstará a su consideración en la sentencia. 3 Con la demanda y con su contestación se determinan definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba así como se delimita el thema decidendum. De ahí que la sentencia definitiva sólo puede versar sobre las cuestiones planteadas por las partes. En consecuencia, con los referidos extremos queda integrada la llamada relación jurídica procesal (Conf. Palacio, L. E., "Manual de Derecho Procesal Civil", ps. 381/382, n. 177, 3ª ed. act., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1970). 4

Resulta oportuno referirnos brevemente a la finalidad de la prueba pericial contable. Los arts. 43 y 63, Código de Comercio, consagran un sistema flexible según el cual el juez tiene la facultad de apreciar la prueba de los libros de comercio conforme a un cúmulo de circunstancias fácticas arrimadas al proceso.

Esta prueba es un importante elemento cuya eficacia probatoria, si bien es autónoma, no opera con automatismo pues deja a salvo el criterio del magistrado de requerir otras probanzas.

Para efectuar un apartamiento de cualquiera de los dictámenes periciales observados, es necesaria la existencia de otros elementos en la causa que permitan concluir el error o el inadecuado uso de los conocimientos técnicos aplicados por el experto. 5

Los magistrados no pueden ni deben desechar el asesoramiento pericial cuando éste carece de deficiencias significativas. Para ser atendible, la impugnación de la pericia debe tener suficientes fundamentos para evidenciar la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen. 6

Se encuentran involucrados importantes principios procesales. El juez deberá dirimir si habrá de inclinarse por el principio de preclusión o el de amplitud probatoria.

La experiencia enseña que los jueces, montados en el principio de derecho de defensa, en muchos casos acceden a la designación de peritos ordenando puntos ajenos a la especialidad y al objeto de la prueba pericial.

El abogado es el sujeto procesal encargado de indicar la especialización del perito, proponer los puntos de pericia y, en su caso, designar consultor técnico.

El juez es el sujeto procesal encargado de ordenar la admisibilidad y procedencia de la prueba pericial. La tarea de ambos sujetos no es pequeña. La actividad del primero puede hacer caer en error al segundo logrando efectos o consecuencias no deseadas. Deberá resolver la procedencia de las cuestiones que las partes proponen a dictamen del perito.

La primacía del principio de amplitud de la prueba fundada en la garantía de la defensa en juicio consagrada por la Constitución Nacional no es absoluta.

La asistencia letrada, conoce muy bien las vías procesales que puede utilizar recorriendo el andarivel previsto por el ordenamiento adjetivo. 7

II. La prueba pericial es un acto jurídico procesal.

"Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos." 8

"Las resoluciones judiciales, constituyen en general, 'actos jurídicos' en el sentido del art. 944 CC. y, en particular, 'actos procesales', dado que fueron cumplidos en el marco de un proceso y con efectos en dicho proceso y, naturalmente, respecto de los sujetos que en él actúan." 9

III. Ley aplicable.

La prueba de peritos puede ser ordenada de oficio por el juez, en otros casos la impone la ley. La ofrecida por voluntad 10 de los letrados actuantes, se encuentra regulada en los artículos 457 a 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

IV. Procedimiento.
Mas adelante nos referiremos a los errores “in procedendo". Resulta de suma utilidad, entonces, señalar sumariamente el procedimiento establecido para la producción de este particular medio de prueba.

IV.1. Concepción.

La prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. 11

Estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto. Las partes, asimismo, tienen la facultad de designar consultor técnico. 12

Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia. 13

Nos interesa enfocar la cuestión desde la experiencia profesional del graduado en Ciencias Económicas especializado en aspectos, 14 ajenos a la formación del sujeto versado en Ciencias Jurídicas.

Este aspecto, adquiere singular trascendencia para el abogado en ocasión de ofrecer un perito graduado en Ciencias Económicas, sobre todo en la redacción de los puntos de pericia. Habrá que tener en consideración las incumbencias profesionales establecidas por ley 20488. Es aconsejable considerar la existencia de los especialistas en informática. Si bien se trata de una carrera no reglamentada, es reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15

IV.2. Gestación.

Vigorosamente el ordenamiento procesal establece que la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio. Aquellos no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez. 16 Atento la nota de imparcialidad, el sujeto designado perito de oficio, en ningún caso, es convocado para sustituir la actividad de las partes ni la del juez.

Generosamente, la ley faculta a las partes para proponer perito, puntos de pericia y consultores técnicos. 17

Una vez sustanciado el ofrecimiento, el juez es el encargado de determinar los puntos de pericia, quien puede agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos. 18

El sujeto designado podrá solicitar anticipo de gastos. 19

El requisito de idoneidad está expresamente contemplado. Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante. Caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia. 20

Sostenemos que la calidad de idóneo se obtiene en una institución de enseñanza superior que confiere los respectivos grados académicos. “Es una realidad que, la evolución tecnológica y social ha avanzado rápidamente en el orden de las Ciencias Económicas, tan ligadas a fenómenos de carácter político y social. En respuesta a tales requerimientos, las Universidades del país han ido ampliando sus planes de estudio para aprender nuevas especialidades profesionales adaptadas a las exigencias socioeconómicas del país.” 21

En todo el territorio de la Nación el ejercicio de las profesiones de licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a lo que prescribe la ley 20.488 y a las disposiciones reglamentarias que se dicten. En general solo podrán ser ejercidas por personas titulares de diplomas que expiden las Altas Casas de Estudio siempre que su otorgamiento requiera estudios completos de enseñanza media previos a los de carácter universitario. 22

El perito designado podrá excusarse por las mismas causales previstas para los jueces o éticas previstas en las normas profesionales, y podrá ser recusado por justa causa. 23

El perito deberá aceptar el cargo para el que fue designado. 24 Será removido aquel que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios. 25

La remoción acarrea fatales consecuencias que involucran la responsabilidad profesional del profesional designado. El juez lo puede condenar a pagar los gastos de las diligencias frustradas, los daños y perjuicios ocasionados a las partes, perdiendo el derecho a cobrar honorarios devengados.

A ello debe agregarse las sanciones administrativas previstas en los Reglamentos de Peritos dictados en ejercicio de las facultades de superintendencia del Superior, pudiendo llegar a configurar la comisión de falta ética.

La parte contraria a la que ofreció la prueba pericial puede impugnar su procedencia; manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella. 26

IV.3. Nacimiento.

El perito practica la pericia ordenada, 27 y presenta el dictamen por escrito, con copias para las partes, debiendo explicar detalladamente las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se funda. 28 No informa acerca de hechos que, como tales, debieron integrar la litis y condicionar merced a su circunstanciada mención no sólo la aplicación posterior del derecho sino también el quehacer del propio sentenciante. Debe indicar al juzgador acerca de las consecuencias que objetivamente, de acuerdo a su saber y experiencia técnica, deben extraerse de los hechos sometidos a su observación formulando deducciones sobre lo percibido. 29

Los dictámenes periciales deben suministrar los antecedentes y explicaciones que justifiquen convicción sobre la materia que se expiden en tanto su finalidad es prestar asesoramiento al órgano judicial a quien corresponde valorar el acierto de sus conclusiones. 30 Se deben exponer las diligencias practicadas, indicando el razonamiento que fundamenta la opinión técnica. 31

La imparcialidad y corrección del asesoramiento técnico de los auxiliares de la justicia están garantidas por normas especificas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales. 32

Para realizar la valoración de las peritaciones, es conveniente que los peritos indiquen en qué datos objetivos fundan sus conclusiones para evitar la mera subjetividad del experto, que de otro modo dejaría de ser un auxiliar para convertirse en juez de la causa. 33

Salido a la palestra, del dictamen del perito se dará traslado a las partes, que se notificará por cédula. 34

IV.4. Virtualidad del traslado.

De oficio o a instancia de cualquiera de ellas, el juez podrá ordenar que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. 35

IV.5. Impugnabilidad del dictamen pericial.

La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar. 36

Una pericia sólo se puede impugnar mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica y corresponde a las partes, en ejercicio del contralor de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad del resultado, o pedir explicaciones y aclaraciones. La omisión de todo esto y a falta de otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito, determina que ese dictamen valga como elemento decisivo para la decisión del juicio. 37

Si la parte no ejerció su derecho de pedir explicaciones respecto a las conclusiones del perito no puede mas tarde agraviarse y volver sobre una etapa del procedimiento ya preclusa impugnando la sentencia dictada por entender que la experticia, en la que fundó el magistrado su decisorio, resulta contradictoria. 38

Por tal razón la pericia consentida en primera instancia en principio no puede ser objetada en la alzada. 39

IV.6. Eficacia probatoria del dictamen.

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados. 40

IV.7. Facultades del juez.

Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su elección. 41

IV.8. Facultades compartidas.

De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos; practicar exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; ordenar reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada. 42

Asimismo podrá requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización. 43

IV.9. Corolario.

El juez es el único sujeto procesal habilitado para disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su elección.

Corresponde a las partes ejercer la facultad de impugnar, pedir explicaciones, o formular observaciones a las explicaciones que diere el perito, hasta la oportunidad de alegar articulando, en su caso, los remedios recursivos admitidos en el ritual.

V. Nulidad de los actos procesales.

La nulidad de los actos procesales se encuentra regulada en los artículos 169 a 174 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

V.1. Ley aplicable.

V.1.1. Trascendencia de la nulidad.

Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. 44

V.1.2. Imposibilidad de la declaración.

No se podrá declarar la nulidad, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado o cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. 45

V.1.3. Forma y plazo.

Se deberá promover por incidente dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto. 46

V.1.4. Inadmisibilidad.

La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado. 47

V.1.5. Iniciativa y requisitos para la declaración.

La nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. El promotor deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer, 48 bajo sanción de ser desestimado liminarmente y sin más trámite el pedido. 49

V.2. Doctrina.

La presentación del dictamen configura un acto jurídico procesal de trascendental importancia. Si las etapas previas, a las que denominamos concepción y gestación no fueron objetadas, se encuentran firme y consentidas, mal podrán las partes invocar errores en el procedimiento. Podemos señalar como tales la comprobada delegación de funciones en colaboradores idóneos, falta de título habilitante, o no aceptación del cargo conferido.

La nota sobresaliente de la prueba pericial es la impugnabilidad y recurribilidad por las partes. El juez de la causa, quien es el único habilitado para disponer que se practique otra pericia, perfeccione o amplíe la presentada, por el mismo perito u otro de su elección.

El resultado adverso, en ningún caso se puede erigir o constituir en fundamento de nulidad.

Viene al caso señalar que un conjetural planteo de nulidad no constituye un "error in procedendo" ni por cierto un "error in iudicando" el cual, como señalamos, debe ser objeto del incidente de nulidad que contempla el artículo 169 del Código Procesa Civil y Comercial de la Nación, 50 deducido en la forma y en el plazo que indican los artículos 170 y 172 del citado ordenamiento.

El recurso de apelación, en cambio, aún con los alcances que le acuerda el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, sólo procede por defectos propios de la resolución referidos a sus requisitos de tiempo, forma y lugar, como también a los subjetivos y de idoneidad objetiva de tales actos esto es, procede únicamente contra los defectos formales de la sentencia misma 51 sin perder de vista que si bien no es necesario que al interponerlo se lo califique como tal, 52 sí lo es que se lo haga al expresar los agravios, oportunidad en la que deberá puntualizarse, crítica, concreta y razonadamente, el perjuicio y el Interés que se pretende subsanar. 53


Se tiene dicho que la promoción del incidente de nulidad constituye la vía admisible para obtener la declaración de nulidad de actos procesales en virtud de los errores "in procedendo" o irregularidades que le hubieran precedido 54 a fin de vicios susceptibles de producir alguna restricción del derecho de defensa.

El incidente procede, enseña Palacio, 55 "aún en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna a éste en sí misma sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular.” el que debe promoverse ante el mismo juez que la dictó.

Por otra parte, aún partiendo de la premisa -inexistente- de que se hubiese planteado la nulidad por incidente, tampoco correspondería acceder a dicho planteo, pues, en definitiva, del escrito en responde no resulta la invocación de ningún perjuicio, defensa o interés a tutelar.

De tal modo, los vicios de procedimiento debieron, en su caso, ser impugnados por la vía incidental correspondiente. 56

En resumidas cuentas, la eventual e hipotética nulidad del dictamen pericial y de las actuaciones, que serían consecuencia del mismo, se encuentra convalidada por la no promoción del incidente de nulidad en la forma y en el plazo que marcan los artículos 169, 170, 172 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sin que exista, además, agravio alguno en tal contexto, por lo V.S., como verdadero y único director del proceso deberá declarar, por unos u otros razonamientos, mal concedido este traslado. 57

Para Kielmanovich 58 “La iniciativa para declarar la nulidad de los actos procesales no sólo puede partir de la parte perjudicada, sino también del propio órgano juris­diccional, salvo que el vicio se encuentre expresa o tácitamente consentido por los interesados 59 si bien ello será así en tanto no se trate de inobser­vancia de normas de carácter imperativo, en cuyo caso no opera el carácter relativo y convalidable que de ordinario poseen las nulidades procesales. 60

“La nulidad puede ser declarada a instancia de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido, debiendo expresar la parte que la promueva el perjuicio sufrido del que derivare su interés, y mencionar, en su caso, las concretas defensas que no ha podido oponer -y para algunos, la fecha en que tomó conocimiento del acto irregular, criterio que no compartimos, pues es carga de la contraria la demostración de la inoportunidad del planteo o de su consentimiento, que pongan de relieve el interés jurídico lesionado, 61 no bastando la invoca­ción genérica de haberse violado el derecho de defensa.” 62

VI. Conclusión.

Al decir de Carrió, “Los juristas muchas veces se empeñan afanosamente por conocer la naturaleza jurídica de tal o cual instituto, pretendiendo dogmáticamente introducirlo en moldes tradicionales, sin advertir que a veces ellos tienen características propias, que hacen que sean así como son, como se presentan en la realidad, y aquello que afanosamente se pretende encontrar no existe como tal.” 63

Existiendo el camino de la impugnación, pedido de aclaraciones y explicaciones, no corresponde que las partes articulen nulidad alguna con posterioridad a la presentación del dictamen pericial.

 


1 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación art. 364.
2 Díaz Viera de De Carrera, Lucila C/ Fago, Norberto C. C. Nac. Civ., sala M 28/06/1989 Lexis Nº 2/19525.
3 Pipolo, Andrea V. C/ Software de Juegos S.A. y otros C. Nac. Trab., sala X 13/07/2000 Lexis Nº 30001858.
4 Orellana, Arnaldo J. C/ Ministerio de Educación y Justicia de la Nación C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª 26/06/1992 JA 1993-II-162 Lexis Nº 93200047.
5 URBANO, RAÚL C/ GARCÍA, OMAR S/ EJEC. C. Nac. Com., sala B 25/06/1987 Lexis Nº 11/859.
6 Guida, Isabel C/ Transporte Sol de Mayo S.A. CNEsp. Civ. y Com., Sala V 27/06/1988.
7 Terzolo, Blanca E. C/ Hernández o Hernández de Luscher, Lidia M. y otro C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª 26/02/1991 JA 1991-III-275 Lexis Nº 70034239.
8 Ley 340 CÓDIGO CIVIL sanc. 25/09/1869; promul. 29/09/1869 art. 944. Nota Vélez Sarsfield: 944. AUBRY y RAU, § 760. SAVIGNY define: “Hechos jurídicos son los acontecimientos en virtud de los cuales las relaciones de derecho comienzan o acaban”. Esta definición es más concisa, pero menos clara que la de ORTOLAN, que es la que damos.
9 Murchinson de Acuña, Renata E. C/ Murchinson S.A. Estibajes y Cargas Industrial y Comercial y otros C. Nac. Com., sala B 13/06/1996 JA 1997-II-30 Lexis Nº 971257.
10 voluntad. (Del lat. voluntas, -atis). 1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola. 3. f. Libre albedrío o libre determinación. 4. f. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 5. f. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. 6. f. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. 7. f. Gana o deseo de hacer algo. 8. f. Disposición, precepto o mandato de alguien. 9. f. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo. Propia voluntad 10. f. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia. 11. f. U. como fórmula para pedir un precio o un donativo cuyo importe queda a discreción del prestatario. LA voluntad 12. f. coloq. propina (? gratificación). LA voluntad ~ divina. 1. f. Poder atribuido a la divinidad, cuya Providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. mala ~. 1. f. Enemiga, malquerencia. última ~. 1. f. La expresada en el testamento. 2. f. testamento. a ~. 1. loc. adv. Según el libre albedrío de alguien. 2. loc. adv. Según aconseja la conveniencia del momento. Una válvula que se abre a voluntad de buena ~, o de ~. 1. locs. advs. Con gusto y benevolencia. ganar alguien la ~ de otra persona. 1. loc. verb. Lograr su benevolencia con servicios u obsequios. no tener alguien ~ propia. 1. loc. verb. Ser muy dócil e inclinado a obedecer a las indicaciones de los demás. quitar la ~ a alguien. 1. loc. verb. Inducirle o persuadirle a que no ejecute lo que quiere o desea, especialmente cuando lo que iba a hacer era en provecho de otra persona. zurcir ~es. 1. loc. verb. Alcahuetear, tercerear. ? V. fuerza de voluntad registro de actos de última voluntad zurcidor de voluntades Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
11 Código Procesal cit. art. 457.
12 Código Procesal cit. art. 458.
13 Código Procesal cit. art. 459.
14 Ley 20488.
15 CSJN Acordada Nº 29/06 Nómina de Especialidades (Acordadas nros. 25/85, 45/85, 59/86, 37/88, 41/89, 52/90, 41/91, 68/92, 28/95, 44/95, 4/97, 7/97, 45/97, 11/97, 50/98, 6/00, 18/03,32/03, 25/04, 10/05, 12/05 y 22/06.
16 Código Procesal cit art. 378.
17 Código Procesal cit. art. 462.
18 Código Procesal cit. art. 460.
19 Código Procesal cit. art. 463.
20 Código Procesal cit. art. 464.
21 Exposición de motivos Ley 20.488 Contador Público, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes. BO Nº 22.711 del 23/07/1973.
22 Ley 20.488 art. 2.
23 Código Procesal cit. art. 464.
24 Código Procesal cit. art. 469.
25 Código Procesal cit. art. 470.
26 Código Procesal cit. art. 478.
27 Código Procesal cit. art. 471.
28 Código Procesal cit. art. 472.
29 Moñischuk, Pedro C/ Microómnibus 246 S.A.C.T. S/ Accidente CNAT, Sala VII, sent. 7719, 07/03/1985.
30 Pace Antonio CNAT Sala VIII 24/08/81 DT Nº 347 nov/81 p. 1009.
31 Fontana Alberto P. CNAT Sala VIII 11/04/83 DT Nº 7 1983 p. 1019.
32 Art. 65 incs. a), b), y d) del Decreto Ley 1285/58 citado en Albarracin Escobar, Julio C/ Sitra Vial SA y Otro S/ Accidente CNAT, Sala II, Sent. 45.712 13/12/1978.
33 Gauto Carmen C/ Azcuénaga Bebes SA S/ Accidente CNAT Sala IV Nº 61.025, 13/05/1988.
34 Código Procesal cit. art. 473.
35 Código Procesal cit. art. 473.
36 Código Procesal cit. art. 473.
37 Miguele, Juan Pablo C/ Grafanor Grandes Fábricas Argentinas del Norte SAIC S/ Accidente, CNAT Sala IV, Nº 11.028, 26/08/1986.
38 Poggi, Juan Norberto C/ Ferrocarriles Argentinos CNAT Sala II, Nº 49.660, 18/03/1982.
39 Gómez, Julio Orlando C/ Satélite Cia. Arg. de Seguros S.A. S/ Accidente CNAT Sala VI, Nº 19.351, 30/04/1984; Abrigo, de Rivas, Nilda Alberta C/ Pedro Hnos. S.A. S/ Accidente CNAT Sala VI, Sent. Nº 16.766, 10/03/1983.
40 Código Procesal cit. art. 477.
41 Código Procesal cit. art. 473.
42 Código Procesal cit. art. 475.
43 Código Procesal cit. art. 476.
44 Código Procesal cit. art. 169.
45 Código Procesal cit. arts. 169 y 170.
46 Código Procesal cit. art. 170.
47 Código Procesal cit. art. 171.
48 Código Procesal cit. art. 172.
49 Código Procesal cit. art. 173.
50 Juan, Osvaldo J., Suc., CNCiv., Sala A, 19/6/1996, JA. 2000-ll-síntesis; Vaggi, Orestes J. C/ Tanque Argentino Mediano S.E CNFed. Civ. y Com., Sala 2, 16/11/2004.
51 Palacio, L. E., Derecho Procesal Civil, Tº V, Nº 562 y Tº IV, p. 165; Fenochietto, C. E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, p. 793, Nº 3; CNCiv., Sala A, 16/2/1994, Vega, Luís Nicolás C/ González, Raúl Rudecindo y Otro.
52 CNCiv., Sala E, 02/09/1980, JA. 1981-1-651
53 CNCiv., Sala E, 02/09/1980, cit..
54 Provera Sergio C/ Coelho José, CNCiv., Sala G, 30/08/2000; Olcese Barrera Fernando Alfredo C/ Universidad Tecnológica Nacional s/ resolución 7/9/2001 CNFed. Cont. Adm. Fed., Sala 4, 25/4/2002.
55 Palacio L. E. Derecho Procesal Civil, Tº IV, p. 165.
56 Fenochietto-Arazi, op. y loc. cit,, p. 793, Nº, 3 y sus citas; Fassi-Yáñez, "Código Procesal" p. 321, n. 8; CNCiv. Sala E, c, 208.949 del 31/05/1976; c. 211.135 del 31/08/1976; c. 164.291 del 10/04/1995; c. 169.746 del 07/06/1995.
57 Covagna, Norberto C/ Suárez, Horacio y Otro, CNCiv., Sala G, 18/12/1995, JA. 1997-11-Síntesis; De Giovanni, Julio M. C/ TIM S.A. CNCiv., Sala A, 09/05/1994, JA 1996-1, síntesis; Pancromático S.A. C/ Smith Becerra, Pablo CNCom., Sala E, 21/06/1991, Márquez, Francisco J. C/ Estado Nacional, CNFed. Civ. y Com., Sala 3, 29/04/2004 SJA. 26/10/2005, Síntesis; Podetti, Tratado de los Recursos, Ed. 1958, p. 61; Ibáñez Frocham, Tratado de los Recursos en el Proceso Civil, 2a. Ed., p. 46; Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, anotados y comentados, Tº III, p. 392; Riomar Conservas Ltda. C/ Noriega, Hornero Christian CNFed. Civ. y Com., Sala 2, 20/10/1998.
58 Kielmanovich Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado Tercera Edición Lexis Nexis Abeledo - Perrot ps. 315/317.
59 Martini, Beatriz I. C/ Ayala, Justa P. Cám. Nac. Civ., sala A.16/9/1996, JA, 2001-I Síntesis.
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