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La prueba pericial en Ciencias Económicas
 
 

La prueba pericial en Ciencias Económicas

Citar www.colaboradorjudicial.com.ar Nº 15_2_40

Ernesto Anapios Compendio de Jurisprudencia, Doctrina y Legislación ERREPAR Número 9 - Julio 2007, p. 197.

1. Prólogo.

Recibmos la invitación de la Dirección para participar en este número con una frase que nos llamó la atención: “Ernesto si quiere escribir algo de prueba pericial para ABOGADOS para la Revista que dirijo, bienvenido.”.

Aceptamos pensando en abogados, jueces, y futuros abogados sin pretender formular ninguna exégesis de la ley o de los institutos jurídicos.

Las reglas sobre la comprensión inmediata de las normas jurídicas no son más explícitas que las reglas del mismo tipo relativas al lenguaje cotidiano. Usamos el lenguaje cotidiano sin trabas; éste funciona bien para la transmisión ordinaria de informaciones en el universo del discurso de nuestra vida diaria. 1

Cotejaremos doctrina judicial, y la opinión de los autores con la práctica pericial desde el conocimiento adquirido por circunstancias o situaciones vividas, y por el simple hecho de haberlas sentido, conocido o presenciado o investigado.

Esta prolongada práctica -resultado de largos años de actuación en la justicia- nos proporcionó el conocimiento o habilidad para hacer y decir algo diferente del saber propio y habitual de abogados y jueces.

La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente califi­cadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento esca­pa a las aptitudes del común de las gentes. 2

La prueba pericial es aquella que producen los peritos. Es una prueba ilustrativa sobre alguna ma­teria técnica, que escapa del conocimiento del magistrado. Por pe­rito debe entenderse "el tercero, técnicamente idóneo, llamado a dar opinión fundada en un proceso, acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales so­bre determinada actividad". 3

Sostenemos que la opinión de los autores no esulta suficiente para entender o resolver las cuestiones y las dificultades que presenta el ejercicio de una ciencia o actividad especializada.

"Ne supra crepidam sutor iudicet". Según cuenta la historia, la frase fue pronunciada por Apeles célebre pintor griego de la antigüedad quien exponía sus cuadros en la plaza pública.

En cierta oportunidad un zapatero criticó la forma de una de las sandalias del personaje. El autor aceptó la observación del artesano, la corrigió exponiéndola en el mismo lugar. El zapatero se sintió autorizado para criticar otros aspectos de la obra, lo que motivó que Apeles lo encarara y le dijera: zapatero, a tus zapatos. Desde entonces esta expresión se utiliza como consejo a quien pretende incursionar en asuntos ajenos a su conocimiento.

La doctrina de los tratadistas aquiere opertividad en la medida que los jueces la incorporan en sus sentencias.

Quedan por resolver numerosas cuestiones fundamentales tales como la elección de la especialidad del perito y la redacción del pliego pericial.

Daremos a conocer determinadas situaciones con la finalidad de erradicar hábitos relativos al ejercicio de la abogacía y la práctica tribunalicia.

La ley pone en cabeza de los peritos la ejecución de este medio de prueba, luego abogados y jueces no deben interferir la actividad de los sujetos designados. 4

Enfocaremos la cosa desde el lugar de la experiencia profesional del graduado en ciencias económicas con incumbencias propias y ajenas a la formación del sujeto versado en ciencias jurídicas.

La costumbre, el hábito de obrar y proceder establecido por la tradición o por la sistemática repetición de los mismos actos, puede alcanzar fuerza de ley no escrita.

La pericia contable tradicional no agota la cosa. Definitivamente debe ceder paso a la pericia del graduado en ciencias económicas.

La principal función de los jueces es resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, incluyendo la actuación de abogados, procuradores, partes, peritos, testigos y demás auxiliares.”. 5

Los operadores del proceso deberán ajustar virtuosamente su labor a aquello que deba hacerse según derecho o principios cardinales de la razón.

En todas las etapas del proceso, abogados y graduados en ciencias económicas deberán trabajar mancomunada e interdisciplinariamente en la elección de la especialidad del perito y en la redacción de los puntos de pericia. Ello repercutirá en un mejoramiento del servicio de justicia evitando inducir al juez al dictado de medidas erróneas o inconducentes, imponiendo cargas ajenas a la labor de los peritos.

En muchos casos la imprevisión, ligereza, o desconocimiento en la elección del especialista y redacción del pliego pericial, conlleva al abogado a sufrir circunstancias adversas y penosas que pueden involucrar su responsabilidad profesional frente al cliente.

2. Algunas precisiones.

Al ofrecer la prueba pericial se deberá indicar la especialidad del perito y seerán propuesto los puntos de pericia.6

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación otorga a las partes la facultad de designar el perito, sustituyendo así la voluntad de oficio. Pero esto tiene un límite temporal y re­quiere el acuerdo de ellas. El art. 462 expone que, antes de que el juez ejerza la facultad de fijar los puntos de pericia y nombrar perito, "las partes de común acuerdo, podrán presentar un es­crito proponiendo perito y puntos de pericia". 7

Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deberá expedirse.8 El título habilitante constituye un requisito condiciona­do a la circunstancia de que la respectiva profesión se halle reglamentada. 9

El perito tiene que tener plena capacidad, reunir condi­ciones de idoneidad, aceptar el cargo en debida forma y, en el supuesto de carecer de título habilitante por tratarse de una profesión no regla­mentada, prestar juramento o promesa de desempeñar el cargo fiel­mente. 10

Coincidimos con el requisito del título habilitante del sujeto perito. Tal es el caso de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas reguladas por ley. 11 Dicho requisito debe relativizarse en relación con los Licenciados en Informática. Esta profesión, si bien no está reglamentada, cumple con el requisito de idoneidad en razón del título académico y constituye una de las especialidades admitidas por la Corte Suprema. 12

3. La pericial es un medio de prueba.

La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez. 13

Arazi, al referirse a la naturaleza jurídica de la prueba pericial cita la opinión de Alsina, Couture, Eisner, y Serra Domínguez quienes niegan ese carácter sosteniendo que constituye un medio para la obtención de una prueba, puesto que sólo aporta elementos de juicio para su valoración. La prueba está constituida por el hecho mismo y los peritos no hacen sino ponerlo de manifiesto.

Ciertamente los dictámenes periciales constituyen uno de los muchos elementos integrantes de ese conjunto de operaciones intelectuales que es menester realizar para dictar su sentencia y que los peritos suministran al juez las máximas de la experiencia.

A pesar de la opinión de los autores citados, que el peritaje es un medio de prueba. Ello no impide considerar a los peritos como auxiliares y colaboradores del juez y pretender que el dictamen pericial obligue al magistrado, ya que, como todo otro medio, será apreciado por el juzgador de conformidad con las reglas que rigen la valoración de las pruebas.

Dentro de la tesis de la "colaboración" o de la "asistencia judicial", expuesta por Carnelutti, el juez podrá prescindir de la "ayuda" de los peritos cuando considere que no le es necesaria por poseer conocimientos de la materia de que se trate. En nuestro concepto esos co­nocimientos le servirán al sentenciador para valorar el peritaje pero no para sustituirlo. 14

Como ocurre con el testimonio, el fundamento del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción concreta, para el caso par­ticular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema so­metido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficiencia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las re­glas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y convincente. 15

Coincidimos con la opinión de Arazi en tanto la pericial contable constituye un medio de prueba y de asesoramiento y asistencia técnica al órgano jurisdiccional.

Kielmanovich concibe a la prueba pericial como aquella me­diante la cual un tercero designado por un tribunal en razón de sus conocimien­tos científicos, artísticos o prácticos, ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le informa acerca de los hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas y el juicio que los mismos le merecen.

Se trata de una prueba que emplea el conocimiento que tienen, en abstracto, personas extrañas a las partes, en miras a su inducida aplicación concreta para la reconstrucción de hechos a percibir, o a objeto de esta­blecer su existencia o inexistencia, sus causas, efectos y modalidades en y para el proceso. 16

Debe tenerse presente que el perito, a diferencia del testigo con el que guarda profunda semejanza, entra en contacto con los hechos en forma deliberada y a raíz de un requerimiento judicial; y puede expedirse, no sólo con relación a hechos pasados o presentes, sino también futuros.

La peritación es, pues, una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción, deducción o inducción de los hechos, pero es, además, una operación valorativa.

Para algunos autores, esta función de representación mediata de los hechos para el juez no reviste, empero, el carácter de prueba judicial, por cuanto se trataría de un medio para aportar, a través de un auxiliar del tribu­nal, elementos de juicio para juzgar acerca de aquéllos (en virtud de que aquél legal y/o materialmente no puede por sí mismo deducirlos o percibir­los), o ya de un mecanismo para poner de manifiesto los que el juez no puede por sí solo apreciar. 17

Se trataría, como dice Carnelutti, de un instituto que se vincula con el "oficio judicial", y no con la prueba; de una función de asistencia al juez, y no de comprobación de los hechos controvertidos, por lo que la actividad o función pericial no aparece regulada como prueba en el Código Procesal italiano de 1942.

Sin embargo, creemos advertir que la información suministrada por el perito contribuye, con la variable eficacia que se quiera, a establecer la exis­tencia o inexistencia del hecho controvertido, o la peculiar modalidad bajo la cual el mismo se representa, incorporándolo de tal manera, ya objetiva y fundada, al proceso judicial, pues dicha prueba no se limita simplemente a suministrar pautas para la valoración de los hechos, sino que implica la de­mostración o verificación de su existencia y su exteriorización para el proceso, a veces como único y excluyente medio para su acreditación o com­probación (la pericia necesaria).

Piénsese sino que cuando el perito calígrafo establece la autenticidad de la firma de un documento privado, su dictamen no le da sencillamente pautas al juez para que éste valore ese medio probatorio, sino que incorpora al documento como un "hecho" (lato sensu), como dato objetivo y fundamentante de la sentencia, más allá de que el magistrado pueda o no acordarle eficacia plena, o requiera que se lo complemente con otras pruebas.

Quizá con mayor claridad se advierte lo infundado de los razonamientos que se discuten, en el caso de la pericia genética, de la que difícilmente pueda decirse, parafraseando a Alsina, que lo que los peritos hacen es "poner de manifiesto" el hecho objeto de la prueba al acceso visual del magistrado, pues es precisamente y a partir de su dictamen, y con el variable grado de probabilidad que él apareja, que la filiación, antes ni siquiera vislumbrada por el juez, aparecerá como indubitada o probable.

Es verdad que el hecho preexiste a la prueba, pero ese fenómeno no se advierte sólo con relación a la prueba pericial ni es peculiar a ésta: se constata también cuando, por ejemplo, lo "representa" un testigo, quien, al igual que el perito en este contexto, no haría más que "ponerlo de manifiesto" - según la terminología de Alsina-, sin que, empero, ello autorice a sostener que el testimonio de terceros, por esa circunstancia, no sea prueba.

En otras palabras, la constatación o comprobación judicial de los hechos a través de la prueba pericial, así la paternidad a través de una pericia genética, no le quita a ese procedimiento y a su resultado ese carácter y esa cualidad; antes bien, establece fundadamente ese extremo con un altísimo grado de probabilidad o, si se prefiere, de certeza. 18

Coincidimos con Kielmanovich en que la cuestión no presenta ni genera mayores dudas, por cuanto el artículo la considera prueba, e indica que será admisible cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conoci­mientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. 19 Ciertamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la admite expresamente.

Es cierto que al apreciar la prueba, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. 20

La libertad judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa, desde luego, arbitrariedad. Aunque el apartamiento no necesita apoyarse consideraciones de orden técnico, debe fundarse en un análisis crítico de las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso. 21

Es cierto también que existen casos en los que el dictamen pericial constituye el aporte fundamental y decisivo para el dictado de la sentencia. Tal fue el caso durante la vigencia de la ley 9.688 donde los jueces calculaban la indemnización sobre la base del dictamen del perito médico y del perito contador.

Según se ha sostenido, uno de los rasgos sobresalientes de la reforma de la ley 23.264 del Código Civil es propender a la concordancia entre la realidad biológica y les vínculos jurídicos emergentes de esa realidad.

Así surge consagrado en el articulo 253 del Código Civil cuando para las acciones de filiación, como la que aquí se debate, admite expresamente las pruebas biológicas que -añade- "podrán ser decretados oficio o a petición de parte".

De allí también el significativo valor que se le asigna a esas pruebas desconocidas para la época de la sanción de nuestro Código y las novedosas concepciones en el derecho que han acarreado, ya que a diferencia de lo que sucedía antiguamente en que los análisis de ese tipo sólo podían determinar la imposibilidad del vinculo real por incompatibilidad, lo que había suscitado una jurisprudencia uniforme que exigía la complementaria e indispensable acreditación de las relaciones intimas de los presuntos padres, los fallos posteriores que han reconocido el valioso aporte de estos exámenes que permiten arribar a un resultado con alto grado de probabilidad han restado la relevancia que se le endilgaba a la acreditación de las relaciones sexuales durante la época de la concepción.

Existe así también consenso en señalar no solo la presunción en contra de la parte que se ha negado a someterse a los estudios científicos, sino también en señalar que cuando mayor es la precisión de los mas avanzados sistemas, se vigoriza esa presunción adversa al renuente.

El alto grado de probabilidad de la paternidad que proporcionan las investigaciones induce a sostener la perdida de la relevancia precisa de las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre en el periodo legal de la concepción. 22

4. Consideraciones acerca de la prueba pericial.

Es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. 23

De conformidad con el sistema federal adoptado, nuestra Constitución Nacional establece, por una parte, la supremacía del derecho federal sobre el derecho local y, por otra, la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. 24

Para definir con claridad, exactitud y precisión la naturaleza de este medio de prueba diremos liminarmente que la prueba pericial aporta conocimientos científicos al juez, contribuyendo a formar en éste opinión fundada en el proceso respecto de los puntos que fueron sometidos a dictamen pericial. El dictamen del perito debe contener una opinión fundada, exponiendo al juez los antecedentes de orden técnico que tuvo en cuenta, pues su objeto es ilustrar el conocimiento del magistrado.

Es privativo del perito evaluar los antecedentes de los cuales debe valerse y el hecho de que no haga mención expresa de los mismos no significa que no los haya tenido en cuenta.

La impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen. El juez sólo puede y debe apartarse del asesoramiento pericial cuando éste adolezca de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación. 25

Oportuno resulta destacar que la pericia estará a cargo del perito designado por el juez. 26

Los jueces, respetando la jerarquía de las normas vigentes, deberán abstenerse en todos los casos de imponer a los peritos cargas no previstas en la ley.

No corresponde que los jueces, so pretexto del derecho de defensa, hagan lugar a erróneas pretensiones de las partes que excedan a la especialidad del perito entendida como incumbencia 27 profesional establecida por ley y a objeto de la prueba pericial.

No podrán producirse prueba sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias. Es frecuente que al proponer los puntos de pericia 28 se agreguen cuestiones ajenas al objeto de esta prueba y a la labor del perito como el examen de instrumentos o la agregación de documentos. Sostenemos que debe erradicarse esta mala práctica habitual por cuanto, existiendo la manera de imcorporarlos a la causa, no debe elegirse esta vía inidónea.

Si el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. 29 Es mas, aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán mandar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros. 30

Llámase principio dispositivo a aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez. La vigencia de este principio se manifiesta en los siguientes aspectos: iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del thema decidendum, aportación de los hechos y aportación de la prueba. 31

Vinculado con este principio, se encuentra la congruencia pues el juez no puede resolver sobre cuestiones que no hayan sido planteadas en el proceso: la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley (arts. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, Cód. Proc. Nac.). Ello impide que se omita resolver cuestiones debidamente propuestas, o que se resuelva sobre temas no sometidos a la decisión jurisdiccional.

La congruencia es la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio. Si el juez resolviera sobre una cuestión que no fue objeto de debate estaría vulnerando el principio de contradicción, pues las partes no tuvieron oportunidad de expresarse sobre ella. Al decir de Díaz, la congruencia, más que de un principio jurídico se trata de “un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento”.

No obstante, el juez no sólo puede sino que debe calificar correctamente los hechos expuestos, aun cuando esta calificación difiera de la que hicieron los litigantes. 32

Es deber de las partes arrimar a la causa instrumentos u otros medios con los que pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de sus razones o argumentos ante el juez.

En el ejercicio de sus funciones el juez no puede ni debe delegar en el perito funciones que le son propias del sentenciante. Postulamos la improcedencia de someter al dictamen del perito graduado en ciencias económicas cuestiones tales como emitir opinión respecto de la legalidad de la llevada de libros o practicar liquidaciones conforme los términos de la demanda, o agregar documental, por citar algunos ejemplos.

Cotidianamente advertimos la existencia de pliegos periciales en los que se requiere que el perito designado de oficio informe si surgen los hechos narrados en la demanda. Sostenemos que esta práctica debe ser erradicada. Los puntos de pericia deberán ser formulados con suma precisión, determinación, exactitud, puntualidad, concisión, y rigurosa exactitud en el lenguaje.

Tendrán que ser redactados con singular esmero a fin de obtener resultados exactos evitando a todo trance que profesional designado desvíe su dictamen en aspectos que no le fueron señalados.

Deberá delimitarse el campo de actuación del perito evitando cualquier extensión en la contestación de las cuestiones sometidas a su dictamen.

Los hechos invocados por las partes deben encajar con los medios de prueba establecidos en el ritual de modo especial en la prueba pericial a cargo de un perito en ciencias económicas.

Los abogados de las partes corren con la acción y el efecto de aportar al proceso las probanzas que estimen corresponder.

En ningún deberán delegar dicha responsabilidad en los peritos.

Esta circunstancia debe ser particularmente tenida en cuenta tanto por el abogado como el juez al ordenar su contestación al perito.

En relación con los libros el Código de Comercio establece las facultades del juez para la apreciación de la prueba de libros. Debe ser el sentenciante y no el perito quien evalúe la legalidad de la llevada de los mismos. 33

Incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. 34 Es carga procesal de la parte que ofrece prueba pericial impulsar su producción y esperar que la misma sea completa. 35 El principio dispositivo en que se funda el ordenamiento procesal, confía a las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez e incide en el impulso procesal que es la actividad que es menester cumplir a fin de que el proceso pueda operar las distintas etapas de que se compone. 36

Las partes tienen la obligación de producir las pruebas por ellas ofrecidas dentro del término correspondiente y la de urgir su oportuno diligenciamiento. 37 Corresponde declarar la negligencia en la producción de la prueba de peritos si la presentación del dictamen ha sido extemporánea. 38

Es carga procesal de la parte que ofrece prueba pericial el impulsar su producción y esperar que la misma sea completa. 39

Si bien es cierto que el Juez está obligado a pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba pericial y se encuentra en general facultado a proceder de oficio durante el curso del proceso, no lo es menos que las partes tienen a su vez la obligación de producir las pruebas por ellas ofrecidas dentro del término correspondiente y la de urgir su oportuno diligenciamiento. Esa carga obliga a las partes, supuesto que hubiera mediado inacción del juez, a suplirla con su propia actividad, instando la realización del acto o el pronunciamiento de la decisión que a su juicio correspondiera a los fines de posibilitar la oportuna producción de su prueba pericial. 40

El perito designado de oficio en un tercero ajeno a las partes y no se encuentra habilitado para peticionar la realización de actos procesales que permitan el desenvolvimiento efectivo del proceso hacia la sentencia. 41 El juez designa al perito y señala el plazo dentro del cual deberá cumplir su cometido. 42

Los escritos presentados por el perito pueden considerarse actos interruptivos del procedimiento si tienden a allegar a conocimiento de las partes la necesidad de contar con otros datos para evacuar el informe o, en su caso, solicitando ampliación del plazo. 43

El término fijado para producir el informe pericial no es perentorio. Los plazos son para las partes, pero no para los peritos. Si éstos presentan el dictamen para el plazo, puede tenérselo por producido, si no medió un planteo concreto de remoción del perito que fuera resuelto en forma favorable. 44

5. Crítica al principio de la amplitud probatoria.

La fuente de la que emana el principio de preclusión procesal es el Código de Procedimientos. En él se encuentra debidamente tutelado los diferentes institutos que procuran su cumplimiento, siendo además un deber genérico de los magistrados velar por su efectiva aplicación.

El principio de amplitud de la prueba encuentra su raíz en la garantía de la defensa en juicio consagrada por la Constitución Nacional. Es cierto que algunas sentencias no revisten el carácter de definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48. No lo es menos que ello no resulta óbice para invalidar lo resuelto cuando el tribunal incurrió en menoscabo del derecho de defensa en juicio. 45

La raigambre Constitucional del principio de amplitud de la prueba impone la necesidad de una efectiva tutela del mismo por sobre el de preclusión.

En materia probatoria, rige el principio de amplitud probatoria, postura que se compadece con el debido resguardo de la garantía de la defensa en juicio del art. 18 Constitución Nacional, y la perspectiva que acuerda primacía a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.

La renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva es presupuesto para que la aplicación de las normas procesales sea excesiva en el caso dado.

Al respecto la Corte Federal tiene decidido que no cabe conducir el proceso en términos estrictamente formales con menoscabo del valor justicia y de la garantía de la defensa en juicio; y por ello no debe desalentarse a la verdad jurídica objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como la decisiva relevancia para la pronta decisión del litigio ya que en el ejercicio de la función judicial no cabe prescindir de la preocupación por la justicia, pues es deber de los magistrados asegurar la necesaria primacía de la verdad objetiva sin que nada excuse la indiferencia de los jueces al respecto en la misión de dar a cada uno lo suyo.

La experiencia cotidiana en nuestros tribunales enseña que los jueces, montados en el filoso principio de derecho de defensa, acceden a la designación de peritos ordenando puntos de pericia ajenos a la especialidad que se pretende. Amparado en el derecho de reserva, el sujeto designado perito podrá invocar razones legales y éticas excusándose de realizar la labor erróneamente ordenada por el tribunal.

Tradicionalmente, el estudio del derecho procesal se ha dividido en tres grandes capítulos: a) la jurisdicción, que trata las atribuciones propias del Poder Judicial; el nombramiento y remoción de los jueces, sus deberes y facultades; la organización de los tribunales y la competencia para entender en cada caso, etcétera; b) la acción, rubro bajo el cual se contempla la situación de los peticionarios de la actuación judicial y que da origen a cuestiones tales como el concepto de parte y su capacidad, legitimación, interés, etcétera, y c) finalmente, bajo la denominación de proceso, se estudian los actos que se desarrollan ante un tribunal para resolver un conflicto, desde que se inicia el trámite hasta que culmina con la resolución definitiva.

En cuanto a la diferenciación con el derecho sustancial señala que la organización del Estado se concreta mediante normas jurídicas que determinan reglas de conducta destinadas a los individuos; esas reglas generales -puesto que están dirigidas a todas las personas- y abstractas -porque se dan previendo anticipadamente ciertos supuestos y no para casos concretos, ya sucedidos- tienden a regular la vida en sociedad e integran lo que se ha dado en llamar derecho sustancial. Son las normas de derecho civil, comercial, laboral, penal, etcétera. 46 Mientras el derecho sustantivo o sustancial comprende el goce de los bienes de la vida, el formal o adjetivo establece los sistemas para obtener las garantías de aquel goce. 47

Cerramos esta breve reseña doctrinaria homenajeando la pluma del maestro Palacio quien enseñó que la disciplina que tradicionalmente se conoce bajo la denominación de derecho procesal, estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas (partes), o cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídi­ca. Es éste, sin duda, el sector más importante del derecho procesal, y dentro del cual corresponde ubicar la idea de proceso en sentido estricto. 48

Advertimos el especial cuidado que deben poner abogados y jueces en la especialidad del perito y la elección de la especialidad del mismo. Parafraseando a Falcón se deberá evitar que la aplicación del derecho formal o adjetivo interfiera el ejercicio del derecho sustantivo.

6. Admisibilidad de la prueba pericial.

Como ya dijimos, la prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. 49

En la legislación comparada encontramos similares previsiones:

1. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica. 50

2. Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. 51

3. Podrá también oírse el informe de peritos: 1º Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte; y 2º Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. 52

4. Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. 53

5. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. 54

6. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad. 55

7. Se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que demanden reconocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio. 56

8. Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio Público. 57

9. La pericia procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra análoga. 58

10. El juez instructor nombrará peritos, cuando en la instrucción sea necesario conocer o apreciar algún hecho importante que requiera conocimientos especiales. Este nombramiento se comunicará al inculpado, al Ministerio Público y a la parte civil. 59

11. La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley, o a petición de parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse. 60

12. Los expertos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal. Si resulta conveniente el tribunal podrá disponer que los expertos presencien los actos del debate. Podrán consultar notas y dictámenes sin que pueda reemplazarse la declaración por su lectura. Esta disposición es aplicable, en lo pertinente, a los intérpretes.

Cuando por las particularidades del caso, alguna de las partes considere necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo comunicará al juez. El consultor técnico podrá presenciar las experticias. En las audiencias podrán acompañar a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función. El Ministerio Público podrá nombrar, también, directamente a su consultor técnico. Cada parte sólo tendrá derecho a nombrar un consultor técnico. 61

7. La función del perito.

El perito tiene por misión asesorar al magistrado sobre materias que no son de su conocimiento especifico, su opinión es fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de la aplicación a la misma de principios científicos inherentes a su especialidad y de los razonamientos que sigue para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen. 62

No corresponde que emitan opinión sobre las cuestiones de derecho cuya dilucidación es tarea reservada a los jueces. 63 El juez no puede ni debe delegar en el perito aquello que puede hacer por sus propios medios, ya sea como hombre común o como hombre que conoce el derecho. 64

En tal sentido, insistimos en que debe ser erradicada la costumbre de solicitar la designación de un perito contador para que informe si los libros están llevados en legal forma o si surgen los hechos narrados en la demanda o contestación. Tampoco debe pedírsele que acompañe documental o todo otro dato de interes que permita dilucidar la cuestión debatida en el expediente, ente otras cuestiones.

Todo ello tiene por efecto inducir a error al Tribunal quien pone en cabeza del perito una cuestión ajena a sus conocimientos científicos.

8. El consultor técnico.

El consultor técnico es un sujeto especializado en similar arte, ciencia o técnica. A diferencia del perito, no es un auxiliar del juez o tribunal, es un verdadero defensor en cuestiones técnicas de la parte que lo designa y a quien asiste y. Por ello, se lo ha definido como una figura análoga a la del abogado en tanto opera en el proceso a la manera de este último.

Disentimos con la clasificación de Arazi en tanto los consultores técnicos no son auxiliares de los jueces, aunque finalmente los encuadre en la categoría de patrocinantes técnicos de las partes. 65

El consultor técnico es un verdadero asesor técnico de la parte que lo presenta, y como tal no se excluye de su función de colaborador de la jurisdicción, toda vez que la tesis de la colaboración como forma de asistencia judicial, lo convierte asi cuando se requieren particulares conocimientos técnicos. 66

En el mismo sentido Palacio sostiene que si bien el consultor técnico debe ser una persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, se diferencia del perito, en sentido estricto, en la circunstancia de que, mientras éste reviste el carácter de un auxi­liar del juez o tribunal y, por lo tanto, adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la subsiguiente aceptación del cargo, el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo designa para que la ase­sore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico. Por ello, como lo destaca Carnelutti, aquél presenta "una figura estrictamente análoga a la del abogado, y opera en el proceso a manera de este último, por lo cual debe comprendérselo en el amplio concepto del defensor consultor". En otras pala­bras el consultor técnico, lo mismo que el abogado "asiste" a la parte, aunque en cuestiones ajenas al campo de la técnica jurídica. 67

Se advierte entonces que los consultores técnicos no ingresan en el proceso por voluntad propia sino por designación de las partes, no asisten al tribunal sino a las partes, su actividad es legalmente reglada y onerosa y sus honorarios integran la condena en costas. 68

De la interpretación de los arts. 471 a 474 CPr. se desprende que la labor del consultor técnico se encuentra íntimamente relacionada con la pericia existente en autos. De allí, que pueda presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes, pero no podrán deliberar ni mucho menos intervenir en la elaboración del dictamen pericial propiamente dicho. La ley les concede una intervención limitada a presenciar y observar el acto pericial.

El consultor técnico cumple en el proceso funciones de asistencia a la parte, por ende es designado e incluso reemplazado por esta.

Sin embargo, los honorarios de tales expertos, en tanto constituyen un gasto del proceso, integran la condena en costas. Su pago esta a cargo de quien lo designó si la contraria hubiese impugnado la procedencia de la prueba, y esta no hubiese sido decisiva en el dictado de la sentencia, o si esa parte manifestó no tener interés en la prueba, y la misma no fue necesaria. 69

El perito asume el carácter de auxiliar del juez por quien es designado debiendo actuar con absoluta imparcialidad y como un perfecto tercero respecto de las partes litigantes (Cf. "Apuntes sobre el consultor técnico pericial", por Jorge W. Peyrano La Ley Suplemento del 14/02/1983, mientras que el consultor técnico, se constituye en un verdadero defensor de los intereses de la parte que lo designa para que lo asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al especifico saber jurídico (Cf. Palacio, Lino Enrique, en "Estudios de la reforma procesal, civil y comercial ley 22.434, Abeledo Perrot, Bs. As., ed. 1982 p. 159)

En punto a las funciones que les compete desempeñar, resulta pertinente señalar que el texto de la ley de forma es terminante al poner en cabeza del perito como es obvio la realización de la prueba pericial facultando a los consultores técnicos "a presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que estimen pertinentes", brindándoles la posibilidad de presentar sus informes por separado, dentro del plazo y cumpliendo idénticos requisitos que los fijados para el experto, como así también la de formular por escrito las observaciones que estimen pertinentes. 70

La legitimación del consultor técnico lo limita a presenciar las operaciones técnicas que se realicen con motivo de la práctica del peritaje, así como también formular las observaciones que considere pertinentes.

La presentación del informe del consultor técnico es facultativa y no corresponde que se corra traslado ni que se soliciten explicaciones. Además no está habilitado para intervenir en la conclusión del dictamen pericial.

El consultor técnico constituye una figura claramente diferenciable del perito y análoga a la del abogado, pues si bien brindará a la parte que lo elige un asesoramiento sobre cuestiones de carácter técnico ajenas a la disciplina jurídica, opera en el proceso a la manera de aquél.

La fuerza probatoria del dictamen del perito designado de oficio es estimada por el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en tanto implican una solución ajustada a las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento judicial. 71

Con la incorporación legislativa del consultor técnico, se inauguró en nuestro derecho, la figura del "patrocinio técnico" facultativo, y por ende, a los principios científicos de la peritación, la concordancia de las reglas de la sana crítica, demás pruebas y elementos de la causa, se agrega un ingrediente, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados.

El valor probatorio de las conclusiones del consultor técnico no puede ser asimilado al de las enunciadas por el perito de oficio. 72

En mataria civil, no existe el requisito de la deliberación conjunta. La importancia de este requisito y los efectos jurídicos de su falta -nulidad del dictamen-, perjudica su eficacia probatoria dependiendo de la regulación que en la ley se le de al punto en cada ordenamiento positivo. 73

Lessona (op. cit. , p. 494. t. IV) considera que si son varios los peritos, deben realizar colectivamente las operaciones necesarias para rendir su dictamen, so pena de nulidad aunque no haya norma legal que lo diga, y recuerda que así lo declaran expresamente al art. 626, ap. 3 del Código Español, y el 702 ap. l del Reglamento Pontificio. Con este sistema, la concurrencia de los peritos al acto y su estudio conjunto de los hechos o del problema, forman parte del procedimiento legal para la práctica de la prueba, por lo cual se justifica al concepto de los autores por el citados.

Empero, si criterio expuesto juega únicamente cuando -como ya lo adelantáramos- existe designación de varios peritos, esto es, expertos a los que el Juzgado ha encomendado la realización de la pericia, pero no cuando se ha designado -como en el caso- un solo profesional a tales afectos.

Al respecto, cabe señalar que al art. 471 específicamente dispone que la pericia estará a cargo del perito designado por el juez y que los consultores técnicos, las partes y sus letrados "podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formularan las observaciones que consideraren pertinentes.

Como pueda observarse, tanto la designación de consultor técnico como la intervención de estos, sus partes y profesionales respectivos tengan en los exámenes que requiera la pericia, es meramente facultativa.

De ello resulta, pues que no es requisito de validez ni eficacia para la pericia la citación o notificación de los consultores técnicos para la realización del estudio a que hubiera lugar con motivo de aquella.

A mayor abundamiento, señalase que ni en la enumeración del art. 145 del Código Procesal ni en norma alguna da nuestro ordenamiento adjetivo imponen la citación o notificación respecto del lugar, fecha y hora de la realización del examen que se realizara para la elaboración del dictamen pericial encomendado. 74

Diferente solución establece el Código Procesal Penal, en donde el juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

El juez penal dirige la pericia, formula concretamente las cuestiones a elucidar, fija el plazo en que ha de expedirse el perito y, si lo juzgare conveniente, asiste a las operaciones.

Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez. Si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. Caso contrario formularán por separado sus respectivos dictámenes. 75

No existe deber del perito designado de oricio de notificar el inicio de la labor pericial. Salvo que el juez expresamente así lo disponga, nuestro ordenamiento adjetivo no impone la citación o notificación al consultor técnico por parte del perito designado.

Por tal razón es aconsejable que, si la parte realmente desea participar del acto pericial, controle el auto de apertura a prueba a efectos que el juez ordene al perito designado de oficio para que informe la fecha, hora, y lugar de inicio de la labor pericial.

Los honorarios del consultor técnico integran las costas del juicio, mas no significa que ese sujeto procesal sea asimilable al perito designado de oficio. El perito es un auxiliar de la justicia, tal fundamento le posibilita reclamar honorarios, como principio, contra cualquiera de las partes. 76

Entre las cuestiones no previstas en el Decreto Ley 16.638/57, que regula el arancel para profesionales de ciencias económicas, se encuentra lo atinente al cobro de los honorarios regulados en juicio como perito de oficio o como consultor técnico de parte, lo que torna aplicables las disposiciones de la ley 21.839 en la materia. 77

Que los honorarios del consultor técnico integren las costas del juicio no significa que él sea asimilable al perito. Dicho consultor es mas bien asimilable al letrado de la parte asesor jurídico de éste, asesor en otra ciencia o arte aquél, cuyo honorario integra las costas pero no puede ser reclamado por el letrado del vencido en costas contra la parte vencedora. 78

A los efectos de la regulación de honorarios por la actividad profesional, no se le aplican a los consultores técnicos las mismas pautas que a los peritos, sin perjuicio de mantener una correlación con los honorarios de los profesionales intervinientes. Ello es así por cuanto, a diferencia del perito, el consultor técnico reviste el carácter de un verdadero defensor de la parte que lo designara, un símil del abogado, pero limitado a la materia científica o técnica de su especialidad. 79

Para Rojas, existe una figura similar al perito, que es el consultor técnico con quien eventualmente se podría dar la vinculación que aquí nos ocupa -contrato de locación de servicios o con un contrato de locación de obra-. En este caso, el consultor técnico, cumple un rol dentro del proceso, similar al que representaría el abogado, con la salvedad que en este caso, resulta un asistente técnico para la parte, por cierto, en una determinada ciencia, arte o profesión, según la índole de los conocimientos que se requieran. 80

El vínculo que se puede dar entre un experto como consultor técnico y la parte asistida, perfectamente puede caber en una relación de derecho privado, al margen del proceso judicial que origina el sustento de ese vínculo, con normas propias a las cuales las partes hayan decidido ajustar sus conductas, por lo cual puede caer dentro de la esfera tanto de la locación de servicios como de la de obra, reiteramos según los términos en que las partes hayan decidido su vinculación. 81

9. Faculades del perito.

El perito carece de facultades legales para exigir que se le suministren los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Se expide sobre la base de los elementos puestos a disposición por las partes. De considerarlo necesario podrá solicitar al juez que intime la presentación a las partes.

El profesional designado actúa con absoluta independencia de criterio e imparcialidad por lo que aun la existencia de otro peritaje practicado con anterioridad en ningún caso podrá influir en el ánimo del experto.

El perito tiene no tiene obligación legal de denunciar en el expediente el día y hora en que practicará la diligencia de inspección y verificación, excepto que el juez lo expresamente lo ordene.

En tal sentido los consultores técnicos, las partes y sus letrados pueden asistir a la prác­tica de la prueba pericial con el objeto de aclarar puntos de pericia o puntualizar determinadas circunstancias cuyo análisis profundizado estimen de interés.

Pero la asistencia de esas personas al acto no comporta, como regla, un requisito de validez de la pericia, ni el perito está obligado a invitarlas a tal efecto. Sin embargo, si las partes manifiestan en el expediente su interés por concurrir a la diligencia, y piden que se haga saber tal circunstancia al perito, constituye causal de nulidad el hecho de que éste haya omitido indicar el lugar, día y hora en que se procedería al examen 82 en la medida que en que asi lo hubiera ordenado el juez al perito.

Los peritos no son convocados para conculcar el derecho de defensa de las partes. En la medida del interés por presenciar el acto pericial, los letrados de las partes deberán poner especial cuidado en que el juez así lo disponga.

En materia penal, el juez penal podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. 83

En este caso, dirige la pericia, formula concretamente las cuestiones a elucidar, fija el plazo en que ha de expedirse el perito y, si lo juzga conveniente, asiste a las operaciones. 84

No existe el requisito de la deliberación previa. Durante la ejecución de la pericia civil quedan excluidos el juez, los consultores técnicos, las partes y sus letrados -que solo podrán presenciar las operaciones técnicas y formular observaciones que consideren pertinentes-.

El perito graduado en Ciencias Económicas designado de oficio no debe ejercer fuera de la jurisdicción de su matrícula.

La ausencia de disposición expresa no debe interpretarse como admisión de actos o prácticas incompatibles con la vigencia de los principios enunciados, ni considerarse que proporcione impunidad. 85 Deben respetar las disposiciones legales y las resoluciones del Consejo, cumpliéndolas lealmente. 86

Constituye falta ética la aceptación o acumulación de cargos, funciones, tareas o asuntos que resulten materialmente imposible atender. En la actuación como auxiliar de la justicia se considera falta ética causar demoras en la administración de la justicia, salvo circunstancias debidamente justificadas ante el respectivo tribunal. 87

A un juez o a un perito no se le debe pedir, por principio, que se excuse, pues si hay razones para que adopte esa decisión no es necesario que alguien le suscite el cumplimiento de su deber. Si en algún caso un magistrado o un perito no lo hace pese a existir razones objetivas suficientes, el camino que impone la responsabilidad profesional es recusarlo con causa. Si el letrado no se atreve a expresarla tiene a su disposición la recusación sin causa. En una palabra, los jueces y los letrados deben actuar conforme a derecho. 88

10. El perito y el derecho.

El perito contador no tiene competencia ni es llamado a emitir opiniones de derecho sobre los vínculos jurídicos o su naturaleza que pudieran haber mediado entre las partes, sino a expedirse sobre hechos, asientos, o registraciones que surgen de los libros y documentación pertinentes, quedando reservado al juzgador encuadrar jurídicamente aquellos vínculos en caso de quedar demostrado conmutación de prestaciones personales o patrimoniales. 89

En materia de libros, descartadas las cuestiones de derecho reservadas al juzgador, subsisten aquellas que constituyen el objeto de su saber científico del magistrado.

En tal sentido el perito deberá expedirse sobre los aspectos formales en que son llevados los libros de conformidad con los artículos 43 y siguientes y concordantes del Código de Comercio y demás leyes especiales.

Como resultado de la verificación que practique, objetivamente deberá establecer, entre otras, cuestiones tales como: la titularidad; la denominación del libro; si están rubricados o cuentan con autorización para ser llevados por otros medios; formulará observacionesen cuanto a la existencia de operaciones de fecha anterior a de rúbrica, atraso en los asientos, existencia de un sistema contable organizado e integrado, si los asientos cuentan con respaldo documental, si los balances coinciden el plan de cuentas, si están encuadernados, foliados, sin mutilaciones, que no se advierten blancos, interlineaciones, raspaduras, enmiendas, ni asientos tachados, si no está alterado el orden progresivo de los asientos.

El perito podrá emitir dictamen profesional favorable o desfavorable señalando el cumplimiento de los aspectos formales de las previsiones del artículo 43 y siguientes del Código de Comercio.

En todos los casos, el perito suministrará los datos relacionados con el estado de los libros, de manara tal que el juez determine si están llevados en legal forma. La legalidad de la llevada de los libros será dirimida por el juez. 90

Las conclusiones y opiniones personales del perito contador, no meramente contables, sino de carácter jurídico, carecen de interés para el tribunal, que no puede permitir que lo sustituya en las facultades de juzgar. 91

Los comerciantes no estructuran sus sistemas contables o de información para satisfacer exigencias legales o responder demandas judiciales. El acatamiento a tales exigencias constituye una ineludible y pesada carga. Instalan dichos sistemas de control para la toma de decisiones encaminadas a maximizar el beneficio de su negocio. Los modernos sistemas de procesamiento de información permiten la registración instantánea de las operaciones. La omisión de exhibir el libro de inventario y balance impide considerar si el sistema contable del dueño reflejaba con veracidad su movimiento comercial y, por ende, establecer si sus libros fueron llevados en legal forma lo cual es presupuesto necesario para ponderar el valor probatorio de esos registros. 92

Resulta absurda y opuesta a la razón la pretensión de hacer coincidir ambos momentos. Al momento de compulsar los libros, la contabilidad siempre estará al día, no ocurriendo lo propio con la transcripción en los libros establecidos como indispensables en la legislación vigente.

Sostenemos que se debe abandonar la practica del “siempre se hizo así”, por cuanto el perito en ciencias económicas no se encuentra habilitado para emitir opiniones de derecho.

Frente a los principios generales que establece el Código de Comercio en materia comercial, debe tenerse presente que, en la práctica, ante la variedad de situaciones que se presentan frente a la contabilidad de las partes, el juez formará su convicción preciando la prueba de los libros de acuerdo con los principios de la sana crítica. 93

11. Importancia de la documentación respaldatoria en la rendición de cuentas.
Todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida y documentada de su comisión o gestión. 94

Toda negociación es objeto de una cuenta. Toda cuenta debe ser conforme a los asientos de los libros de quien la rinde, y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes.

Al fin de cada negociación, o en transacciones comerciales de curso sucesivo, los comerciantes corresponsales están respectivamente obligados a la rendición de la cuenta de la negociación concluida, o de la cuenta corriente cerrada al fin de cada año. 95

La cuenta corriente es un contrato bilateral y conmutativo, por el cual una de las partes remite a la otra, o recibe de ella en propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a empleo determinado, ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de "acreditar" al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del "débito y crédito", y pagar el saldo.

Las cuentas que no reúnan todas las condiciones enunciadas en el artículo anterior, son cuentas simples o de gestión, y no están sujetas a las prescripciones de este título. 96

La rendición de cuentas debe ser instruida y documentada: debe tener forma descriptiva en coincidencia con el contenido del art. 70 del Código de Comercio, lo que equivale a decir que debe contener todas las explicaciones y referencias que sean necesarias para dar a conocer los procedimientos y resultados de la gestión. El hecho de no requerirse en la rendición de cuentas formas especiales, no exime de la explicación clara de cada negocio la razón de las inversiones y los resultados, agregándose la documentación recibos, facturas, etc.. Es decir, no puede hacerse en forma sinóptica, limitada a operaciones aritméticas o de contabilidad, o restringida en los alcances enunciados. 97

En tal sentido ha sostenido la jurisprudencia que se desconoce valor probatorio a la contabilidad cuyas constancias no son respaldadas con la documentación justificativa de las inscripciones. La solución no varía por el hecho que los peritos a quienes se presenta la documentación no la comprueben en razón del trabajo largo que importaría esa tarea. Las partes deben vigilar que la prueba se produzca en la forma que la han propuesto. Sobre ellas recaen las consecuencias de las omisiones. Tal ocurre en el caso de que el dictamen de los peritos contadores se efectúe sin cotejar la documentación complementaria justificativa de los asientos por consentimiento de las partes. 98

A diferencia de la rendición de cuentas, el dictamen pericial contable es prueba de libros, la exigencia de respaldo documental de la contabilidad no deviene de carácter legal, pues de acuerdo con los arts. 43 y 44 del Código de Comercio la documentación sólo es impuesta como complemento de las constancias contables. Una interpretación diferente desnaturalizaría el principio adoptado por la legislación mercantil respecto de la eficacia probatoria de los libros entre comerciantes y llevaría al reemplazo de la prueba de libros por la instrumental. 99

12. Las profesiones relacionadas con las Ciencias Económicas.

Pensando en abogados, jueces, futuros abogados, graduados y futuros profesionales en ciencias económicas debemos detenernos en la reglamentacón del ejercicio de las profesiones relacionadas con las Ciencias Económicas.

La vigencia de los aspectos relevantes tenidos en consideración para la sanción de la ley 20.488 100 surge del mensaje de elevación: Parece ocioso destacar la trascendencia que dicha rama del saber tiene en las múltiples actividades del quehacer nacional, que se vinculan tanto con la elevación del nivel científico y cultural del país, como con el de los fines de contralor y organización en los aspectos económicos y financieros. Los profesionales de Ciencias Económicas intervienen en la mayor parte de las actividades de la economía tanto en la esfera pública como en la privada, brindando apoyo técnico a otras profesiones y actividades mediante los estudios inherentes al quehacer económico.”.

“Es una realidad que, la evolución tecnológica y social ha avanzado rápidamente en el orden de las ciencias económicas, tan ligadas a fenómenos de carácter político y social. En respuesta a tales requerimientos, las Universidades del país han ido ampliando sus planes de estudio para aprender nuevas especialidades profesionales adaptadas a las exigencias socioeconómicas del país.

Con excepción de las normas de policía del ejercicio profesional, que son del resorte exclusivo de las autoridades locales, resulta indispensable extender a todo el país la vigencia de las normas que regulan el ejercicio profesional sobre la base de la capacitación otorgada por las Universidades. Se lograra con ello, un deseable coherencia en el desenvolvimiento de un actividad que interesa fundamentalmente al bienestar de la nación (art. 67 in. 16 de la Constitución Nacional).

Las disposiciones proyectadas tienden a resolver las carencias evidenciadas en el régimen legal actualmente vigente, donde no se contemplan los nuevos campos de especialización abiertos en los últimos años, respetándose por los demás el ámbito de actuación que corresponde a las autoridades locales.” 101

En todo el territorio nacional el ejercicio de las profesiones de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a lo que prescribe la ley y las disposiciones reglamentarias que se dicten.

Es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio. 102

La Universidad proporciona la formación académica de las siguientes profesiones: Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía, y Actuario.

Las Universidades del país ampliaron sus planes de estudio incorporando un nuevo campo de especialización: la Licenciatura en Sistemas de Información. 103 La carrera no está reglamentada por ley. Existe la inscripción voluntaria en la matrícula creada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 104 y la especialidad fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 105

13. Ejercicio de las profesiones relacionadas con las Ciencias Económicas en la esfera judicial.

Conservamos en nuestra biblioteca un ejemplar de la Separata Nº 18 del Boletín Oficial del 7 de setiembre de 1.981 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto ordenado por Decreto Nº 1.042/81. Tempranamente comprendimos que la mirada debe ser estrictamente procesal.

En el ámbito nacional, la actuación judicial queda sujeta, entre otras, a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; la Ley 18.345 de Organización y Pocedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo; el Código Procesal Penal de la Nación; las Acordadas de la Corte Suprema, las Resoluciones de Cámara, y el Decreto Ley 16.638/1957 convalidado por ley 14.467.

En el ámbito local se aplican, entre otras, las disposiciones de la Constitución de la Ciudad; las resoluciones del Consejo de la Magistatura; el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; 106 la ley 466 de creación y funcionamiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Normas relativas a la matricula de los Licenciados en Sistemas de Información; el Código de Ética; y los demás Reglamentos y Resoluciones Técnicas dictados por el órgano administrativo.

Encontramos una muy interesante excepción que constituye un privilegio para los matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extensible por analogía a los Licenciados en Informatica: 107 el Decreto Ley 16.638/1957 convalidado por ley 14.467. Dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 18 de diciembre de 1957 y publicado en el Boletín Oficial del 26 de diciembre de 1957 aprueba el Régimen Arancelario para los Profesionales de Ciencias Económicas. 108

Fue convalidado por ley 14.467 del Congreso de la Nación, 109 por lo que se convirtió en ley de la Nación. 110

En el orden local, el nuevo status jurídico que adquirió la Ciudad de Buenos Aires con la reforma constitucional de 1994 incluye facultades propias de jurisdicción. La Constitución local, al incluir el recurso ordinario ante este Tribunal, le permite a la Ciudad acceder, en ciertos casos, a una tercera instancia judicial. El examen del desarrollo normativo local (Constitución y leyes 7, 189, y 402) muestra que no se ha intentado introducir mayores novedades en lo que se refiere a las condiciones de admisibilidad del recurso, ya que su sentido es el mismo tanto en el orden local como en el federal. 111

En la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concurren normas federales: Constitución Nacional, ley 20.488; y Decreto Ley 16.638/57 convalidado por ley 14.467; y ley 48; en el ambito local: la Constitución de la Ciudad; la ley 189; y la ley 466.

Los regímenes arancelarios son locales, 112 en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, toda regulación de honorarios deberá ser practicada mediante una norma de carácter nacional. Cualquier modificación del actual arancel necesariamente deberá dictarla la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ello implicará para los matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la perdida del “privilegio” que significa llegar al Máximo Tribunal de la República vía recurso extraordinario federal.

Las profesiones relacionadas con las Ciencias Económicas conforman una especie o conjunto de disciplinas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.

Como señalamos, el impacto de la actual explosión tecnológica e informática fue señeramente previsto en la ley 20.488. El desconocimiento de esta ley dificulta al ejercicio de la abogacía y la buena práctica de los tribunales. El hábito de obrar y proceder establecido por la tradición constituye una mala practica de parte de jueces y profesionales del derecho.

14. La especialidad del perito en Ciencias Económicas.

En materia judicial la reglamentacion establece los contenidos para las siguientes categorías: Contador Público; 113 Licenciado en Administración; 114 Licenciado en Economía; 115 y Actuario. 116 En particular, se requerirá título de Licenciado en Sistemas de Información o equivalente respecto de las siguientes cuestiones: 1. evaluación de necesidades y problemas de las organizaciones en materia de tratamiento de la información, con la finalidad de diseñar e implantar sus sistemas de información y las funciones de control interno y externo; 2. planificación, dirección y control del relevamiento, diseño y ejecución u implantación de sistemas de información; 3. dirección y evaluación de estudios de factibilidad en proyectos de sistemas de información, procesamiento y comunicación de datos; 4. administración de los recursos tecnológicos informáticos; 5. asesorar en relación con la planificación, diseño, interpretación y de la legislación correspondiente a sistemas de información; y 6. intervenir en equipos interdisciplinarios en proyectos que requieran la integración profesional de los especialistas en otras áreas del conocimiento. 117

15. Epilogo.

Cumplimos en no formular una exégesis de los textos legales ni de los institutos jurídicos.

Cotejamos doctrina y práctica judicial y la opinión de los autores desde el conocimiento adquirido mediante la experiencia con la pretensión de dar a conocer determinadas situaciones con la finalidad de erradicar hábitos relativos al ejercicio de la abogacía y la práctica de los tibunales.

Enfocamos la cosa desde el lugar del graduado en ciencias económicas con incumbencias propias y ajenas a la formación del sujeto versado en ciencias jurídicas.

Sostuvimos en todas las etapas del proceso abogados y graduados en ciencias económicas deben trabajar mancomunadamente en la elección de la especialidad del perito, la redacción de los puntos de pericia, y ejecución del dictamen pericial. Que ello redundará en un mejor servicio de justicia.

La imprevisión, ligereza, o desconocimiento en la elección del especialista y redacción del pliego pericial, no debe llevar al abogado a sufrir circunstancias adversas y penosas que puedan involucrar su responsabilidad profesional frente al cliente.

 


1 Carrió, Genaro R.; Notas sobre derecho y lenguaje, Ed. Abeledo-Perrot, 1994, p. 74;
2 Davis Echandía Hernando Teoría General de la Prueba Judicial Editorial Temis S. A. Bogotá Colombia 2002, p.. 277;
3 Falcón Enrique M. Manual de Derecho Procesal Editorial Astrea Ciudad de Buenos Aires, p. 420;
4 Ley 17.454 art. 458;
5 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo I p. 15;
6 Ley 17.454 art. 459;
7 Falcón Enrique M. Manual de Derecho Procesal Editorial Astrea Ciudad de Buenos Aires, p. 425;
8 Ley 17.454 art. 464;
9 Palacio Lino Enrique Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires p. 496;
10 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo I p. 479;
11 Ley 20.488;
12 CSJN Acordada 29/06;
13 Ley 17.454 art. 378;
14 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo I p. 475/476;
15 Davis Echandía Hernando Teoría General de la Prueba Judicial Editorial Temis S. A. Bogotá Colombia 2002, p. 310;
16 Kielmanovich Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado Tercera Edición Lexis Nexis Abeledo - Perrot p. 850;
17 Kielmanovich Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado Tercera Edición Lexis Nexis Abeledo - Perrot p. 851;
18 Kielmanovich Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado Tercera Edición Lexis Nexis Abeledo - Perrot p. 852;
19 Kielmanovich Jorge L. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado Tercera Edición Lexis Nexis Abeledo - Perrot p. 853;
20 Ley 17.454 art. 386;
21 Palacio Lino Enrique Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires Pág.509;
22 D. M. A. y O. C/ Z. L. A. S/ Filiación CNCiv. Sala A Libre N° 212.024 11/02/1998;
23 Ley 17.454 art. 34 inc. 4);
24 Colautti Carlos E. Derecho Constitucional Segunda edición actualizada y aumentada Editorial Universidad Buenos Aires 1998 p. 53;
25 Guida Isabel C/ Transporte Sol de Mayo SA CNEsp. Civ. y Com. Sala V 27/06/88,
26 Ley 17.454 art. 471;
27 incumbencia. (De incumbir). 1. f. Obligación y cargo de hacer algo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados;
28 Ley 17.454 art. 459;
29 Ley 17.454 art. 389;
30 Ley 17.454 art. 36 inc. 4) c);
31 Lino Enrique Palacio Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires p. 64;
32 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Pág. 185;
33 Código de Comercio art. 63;
34 Ley 17.454 art. 377;
35 Mantecon Pedro Luis C/ Pesquera Mar Azul SA S/ Cobro, SCBA 10/08/82;
36 Bounty SA C/ Gobierno Nacional. CNCont. Adm. Fed. Sala I 22/08/91;
37 ELMA. C/ Olega SA S/ Cobro de Dólares CNCont. Adm. Fed. Sala I 02/02/87;
38 CNCiv., Sala B, 18/12/69 ED, 31262;
39 Mantecon Pedro Luis C/ Pesquera Mar Azul SA S/ Cobro de Horas Extras, etc., ley 30.694 SC Buenos Aires 10/0882;
40 ELMA C/ Olega SA S/ Cobro de Dólares CNCiv. y Com. Fed. Sala I 02/02/1987;
41 CNCont. Adm. Fed. Sala I 22/08/91.
42 Ley 17.454 art. 470;
43 La Lucerna SA C/ Metalmarne SRL CNCiv., Sala F, 26/03/82;
44 KAGEL DE MARTÍ, Silvia Ana v. LUSTIG, María s/ DAÑOS Y PERJUICIOS C. Nac. Civ., sala L 11/04/1994 Lexis Nº 10/6785;
45 Tonello Irma Emma C/ Calonge Ventura CSJN T. 40. XXXIV Recurso de Hecho 25/03/2003;
46 Arazi Roland, Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada Rubinzal - Culzoni EditoresTomo I ps. 16/17.
47 Falcón Enrique M., Manual de Derecho Procesal Editorial Astrea Ciudad de Buenos Aires Págs. 3/4.
48 Palacio Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires.
49 Ley 17.454 art. 457;
50 Bolivia Código Procesal Civil art. 430;
51 Bolivia Código Procesal Penal art. 204;
52 Chile Código de Procedimiento Civil art. 411;
53 Chile Procesal Penal art. 314;
54 Colombia Código de Procedimiento Civil art. 233;
55 Colombia Código de Procedimiento Penal art. 249;
56 Ecuador Código de Procedimiento Civil art. 254;
57 Ecuador Código de Procedimiento Penal art. 94;
58 Peru Código Procesal Civil art. 262;
59 Peru Código de Procedimientos Penales art. 160;
60 Venezuela Código de Procedimiento Civil art. 451;
61 Venezuela Código Orgánico de Procedimiento Penal art. 355; 145;
62 Stiavetti Aldo C/ Schmoisman Jaime S/ Daños y Perjuicios CNEsp.Civ. y Com., Sala I, 04/02887 Expte. Nº 76.079;
63 Boston Cia. Arg. Seg. SA y Cia. Sudamericana SA C/ Cap. y/o Arm. Bq. Río Neuquén S/ Cobro de Pesos Cám. Fed. Civ. y Com. Sala I Nº 1887;
64 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo I Pág. 474;
65 Arazi Roland Derecho Procesal Civil y Comercial Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editores, Págs. 213/216;
66 Trafilam SA C/ Galvasili Jose CNCom. Sala B 03/11/87 L.L. p. 7 12/08/88;
67 Palacio Lino Enrique Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 498;
68 CSJN Acordada 28/2004. "Amicus curiae";
69 Santiago Erasmo Julian C/ Shitelos Alfredo Antonio S/ Ordinario CNCom. Sala E 28/12/87;
70 Cueva, Lorenzo B. C/ La Vecinal de La Matanza SACI S/ Daños y Perjuicios CNCiv. Com. Fed. Nº 3242 07/05/85;
71 Magdalena de León Laura C/ Obra Social para la Actividad Docente S/ Daños y Perjuicios CSJN 47.003 23/05/95 M 33. XXVIII - RO;
72 Liporace Roque C/ Vazquez Ferro Guillermo y Otros Cám. Fed. Civ. y Com. Sala I 09/02/88 L.L. p. 7 12/04/88;
73 Hernando Davis Echandía Teoría General de la Prueba Judicial t. II, p. 24 y ss.;
74 Melchiorre Saverio y Otro C/ Saccone Jorge Federico S/ Rendición de Cuentas Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24 Secretaría Nº 47 08/0/1988;
75 Ley 23.984 art. 253; 260; 262;
76 Jebai Ibrahim S. C/ Zahra Daniel CNCom. Sala D 26/08/85;
77 Coen Mitrani CNCiv. Sala B 30/10/90, publicada en J.A., 22/04/91;
78 Ajtel Arnoldo C/ Invercamp SA CNCom. Sala D 23/02/89 L.L. p. 3 22/01/90;
79 Baglini de Porticella C/ Glasl S/ Daños CNCiv. Sala H Nº 173.512 31/08/95;
80 Arazi, con apoyo en la jurisprudencia sostiene que "el consultor técnico es un asesor o patrocinante de quien lo propuso y se supone su parcialidad. De la misma manera que las partes en el aspecto jurídico cuentan con el patrocinio letrado, no se advierte por qué no podrían tener el apoyo de un experto en cuestiones técnicas. La figura del consultor técnico es, entonces, análoga a la del abogado y opera en el proceso a manera de este último, por lo cual se lo debe comprender en el amplio concepto de defensor consultor" (Arazi, Roland; La prueba en el proceso civil, Ed. La Rocca, 1998, p. 384);
81 Rojas Jorge Armando Pericias como servicios u obras, Revista de Derecho Procesal Privado y Comunitario, 2005 - II, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 131 y ss;
82 Palacio Lino Enrique Manual de Derecho Procesal Civil Decimoquinta Edición Actualizada Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 503;
83 Ley 23.984 art. 253;
84 Ley 23.984 art. 260;
85 Código de Ética, Preámbulo;
86 Código de Ética, art. 2;
87 Código de Ética, art. 4;
88 CNCont. Adm. Fed. Sala II 07/08/1980 ED 90-507;
89 Domínguez Juan Julio y Otros C/ Viras SRL S/ Despido CNAT Sala V Nº 28.552 06/05/81;
90 Codigo de Comercio Art. 63;
91 CNPenal Económico Sala I 04/12/64 ED 9-753;
92 Dauco SAICF C/ Kanatu SA CNCom. Sala D 08/03/89;
93 Salvia S A C/ Indeco S A y Otra CNCom. Sala B 17/06/86 LA LEY 1986-E 578;
94 Código de Comercio art. 70;
95 Código de Comercio art. 68; 69;
96 Código de Comercio art. 771; 772;
97 Armada Carlos A. C/ Rodríguez Novoa Francisco CNCom. Sala C 11/05/77 JA, 979­I­645;
98 Hasperue Lucio C/ Empresa Ibarra Constructora CNCom. Sala B 06/04/60;
99 Revista Vetas Madera para Todos C/ Alitalia Líneas Aéreas Italianas, CNCom. Sala A 28/08/97 LA LEY 1998-D 438;
100 Ley 20488 CIENCIAS ECONÓMICAS Sanc. 23/05/1973; promul. 23/05/1973; publ. 23/07/1973;
101 Exposición de motivos ley 20.488/73;
102 Ley 20.488 art. 1;
103 Resolución C. S. UBA Nº 206687;
104 Resolución C. D. Nº 41/2005, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires;
105 Nomina de especialidades CSJN Acordada 29/06;
106 Ley 189;
107 Código Civil arts. 15 y 16;
108 El Capítulo II, arts. 3 a 12, regula los honorarios en materia judicial;
109 Sancionada el 5 de setiembre de 1958, y promulgada el 23 de setiembre de 1958;
110 Constitución Nacional art. 31 “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley Suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859.”;
111 Playas Subterráneas SA C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ Impugnación de Actos Administrativos TSJBA, Causa 860/01;
112 SALTA DECRETO 3321/2006 CIENCIAS ECONÓMICAS HONORARIOS Y ARANCELES Graduados en Ciencias Económicas. Arancel de Honorarios. Aprobación. Modificación. Veto parcial del 28/12/2006; publ. 09/01/2007 Lexis: N° LSALDE3321/2006; NEUQUEN RESOLUCIÓN 396/2006 - Consejo Profesional de Ciencias Económicas CIENCIAS ECONÓMICAS ARANCELES Actuaciones profesionales. Funciones de control formal y de legalización de firmas. Aranceles. Determinación del 25/01/2006; publ. 03/02/2006 Lexis: N° LNQNRS396/2006C92; SAN JUAN LEY 7674 HONORARIOS Y ARANCELES Regulación. Normas. Adhesión parcial sanc. 22/12/2005; promul. 03/01/2006; publ. 12/01/2006 Lexis: N° LSJULY7674; TUCUMÁN LEY 7490 INFORMÁTICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Colegio de Graduados en Ciencia y Tecnología Informática. Creación. Ejercicio profesional. Régimen Lexis: N° LTUCLY7490; SAN LUIS LEY 5691 CIENCIAS ECONÓMICAS Profesiones en Ciencias Económicas. Ejercicio profesional. Régimen sanc. 29/09/2004; promul. 12/10/2004; publ. 15/10/2004 Lexis: N° LSLULY5691; SANTA FE LEY 12135 CIENCIAS ECONÓMICAS Ejercicio de la profesión. Régimen. Modificación HONORARIOS Y ARANCELES Profesionales en Ciencias Económicas. Aranceles. Régimen. Modificación sanc. 14/08/2003; promul. 16/09/2003; publ. 19/09/2003 Lexis: N° LSFELY12135; LA PAMPA LEY 1075 HONORARIOS Y ARANCELES CIENCIAS ECONÓMICAS Profesionales en Ciencias Económicas. Régimen arancelario. Implementación sanc. 30/06/1988; promul. 19/07/1988; publ. 29/07/1988 Lexis: N° LPAMLY1075;
113 Ley 20.488 art. 13;
114 Ley 20.488 art. 14;
115 Ley 20.488 art. 11;
116 Ley 20.488 art. 17;
117 Resolución C. S. UBA Nº 206687; Resolución C. D. Nº 41/2005 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
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