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Ajuste por inflación
 
 

Ajuste por inflación

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• La corrección de valores nominales, lejos de causar agravio a los derechos de las partes reafirma el derecho de propiedad (Fortuny Hnos. y Cía. C/ Municipalidad de Buenos Aires CNCiv. Sala A 24/02/1989).

• Teniendo en cuenta que los valores sufren una permanente distorsión por influjo del envilecimiento del signo monetario, se impone considerar el capital reclamado según estimaciones actualizadas al tiempo de la sentencia, pues ello constituye la forma más adecuada para respetar el principio de justicia conmutativa (Caorsi Héctor C/ Royo Miguel CNCom. Sala D marzo 31/03/1978).

• Si ha transcurrido un dilatado lapso durante el cual el signo monetario perdió en altísima medida su valor adquisitivo, la demora genera un perjuicio, el cual no puede tener otra solución que contemplar la dicha desvalorización (Ramírez García Francisco C/ Borja García López José M. y Otro Capel. CC Mercedes Sala 01/06/1980).

• La ley 23928 derogó a partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

• Recuérdese además, que también los precios aumentan, y eso no está prohibido por la Ley de Convertibilidad. () Esas variaciones de precios, las de los automóviles, computadoras, tornillos o dinero, no están alcanzadas por la prohibición de indexar de la Ley de Convertibilidad. Y no están prohibidas porque no son indexación (Banco Comercial de Finanzas SA Sup. Corte Bs. As. 19/04/2006. Del voto del Dr. Francisco H. Roncoroni).

• El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público creado por ley que unifica la orientación y ejerce la dirección de todas las actividades estadísticas oficiales.

• A más de 20 (veinte) años de vigencia de dicha prohibición es posible medir numéricamente la magnitud del enriquecimiento del vencido y el correlativo empobrecimiento del vencedor o profesional interviniente en función de los Índices oficiales.

• Hasta ese entonces, las resoluciones judiciales defendieron ambas cuestiones en base al principio de justicia conmutativa y el derecho de propiedad.

• Con posterioridad, actuó la voluntad del legislador.

• La discusión sobre la aplicación de intereses no resulta el medio idóneo de defensa contra los efectos de la inflación.

• En tanto manifestaciones de distinta naturaleza, es imposible resolver el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la ponderación de la tasa de interés.

• No puede ser desconocido el incesante envilecimiento monetario reflejado en los inútiles índices elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

• Caído en el olvido “el principio de justicia conmutativa” resulta imperativa la búsqueda de cualquier mecanismo apto que achique la privilegiada posición del deudor por encima del acreedor.

• La solución llegará mediante la declaración de invalidez del sistema nominalista establecido por la ley 23.928 reafirmado por la 25.561 y el decreto 214/2002. 

• La corrección de valores nominales, lejos de causar agravio a los derechos de las partes reafirma el derecho de propiedad (Fortuny Hnos. y Cía. C/ Municipalidad de Buenos Aires CNCiv. Sala A 24/02/1989).

 

• Teniendo en cuenta que los valores sufren una permanente distorsión por influjo del envilecimiento del signo monetario, se impone considerar el capital reclamado según estimaciones actualizadas al tiempo de la sentencia, pues ello constituye la forma más adecuada para respetar el principio de justicia conmutativa (Caorsi Héctor C/ Royo Miguel CNCom. Sala D marzo 31/03/1978).

 

• Si ha transcurrido un dilatado lapso durante el cual el signo monetario perdió en altísima medida su valor adquisitivo, la demora genera un perjuicio, el cual no puede tener otra solución que contemplar la dicha desvalorización (Ramírez García Francisco C/ Borja García López José M. y Otro Capel. CC Mercedes Sala 01/06/1980).

 

• La ley 23928 derogó a partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

 

• Recuérdese además, que también los precios aumentan, y eso no está prohibido por la Ley de Convertibilidad. () Esas variaciones de precios, las de los automóviles, computadoras, tornillos o dinero, no están alcanzadas por la prohibición de indexar de la Ley de Convertibilidad. Y no están prohibidas porque no son indexación (Banco Comercial de Finanzas SA Sup. Corte Bs. As. 19/04/2006. Del voto del Dr. Francisco H. Roncoroni).

 

• El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público creado por ley que unifica la orientación y ejerce la dirección de todas las actividades estadísticas oficiales.

 

• A más de 20 (veinte) años de vigencia de dicha prohibición es posible medir numéricamente la magnitud del enriquecimiento del vencido y el correlativo empobrecimiento del vencedor o profesional interviniente en función de los Índices oficiales.

 

• Hasta ese entonces, las resoluciones judiciales defendieron ambas cuestiones en base al principio de justicia conmutativa y el derecho de propiedad.

 

• Con posterioridad, actuó la voluntad del legislador.

 

• La discusión sobre la aplicación de intereses no resulta el medio idóneo de defensa contra los efectos de la inflación.

 

• En tanto manifestaciones de distinta naturaleza, es imposible resolver el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la ponderación de la tasa de interés.

 

• No puede ser desconocido el incesante envilecimiento monetario reflejado en los inútiles índices elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

 

• Caído en el olvido “el principio de justicia conmutativa” resulta imperativa la búsqueda de cualquier mecanismo apto que achique la privilegiada posición del deudor por encima del acreedor.

• La solución llegará mediante la declaración de invalidez del sistema nominalista establecido por la ley 23.928 reafirmado por la 25.561 y el decreto 214/2002.

 
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